Elección constitucional en Chile: ¿qué pasó y qué sigue?

El segundo intento de reescribir una constitución en Chile dio un paso adelante.

El domingo, los votantes eligieron a las 51 personas que formarán el Consejo Constitucional que debatirá una nueva carta magna. Los concejeros no comenzarán desde cero, pues un comité de 24 expertos designados por el Congreso ya se ha encargado de diseñar un marco preliminar.

El Partido Republicano, de extrema derecha y dirigido por el excandidato presidencial José Antonio Kast, tuvo el mejor desempeño al obtener 23 escaños, seguido por la coalición de centroizquierda del presidente Gabriel Boric, que obtuvo 16 puestos.

La coalición de centroderecha, que excluye a los republicanos, contabiliza 11 consejeros, lo que significa que la derecha y la centroderecha tienen en conjunto el control para la aprobación de nuevas normas y la incorporación de sus propuestas, las que requieren el visto bueno de las tres quintas partes de los miembros. Los resultados del domingo, combinados con los resultados de las encuestas, son una señal de que —tal como están las cosas— el próximo presidente de Chile bien podría provenir de la derecha. En medio de una desaceleración económica, una alta inflación y preocupaciones por la delincuencia, entre otros factores, la popularidad de Boric se ha desplomado.

"El control de la derecha, si está bien administrado, podría posibilitar que el país avance con una Constitución minimalista, lo que sería un gasto de capital positivo en nuestra opinión", señaló el banco de inversión JP Morgan en una nota a clientes.

El resultado del domingo es prácticamente lo opuesto al de la elección de 2021 para elegir a los 155 miembros que elaboraron el primer borrador, considerado un documento progresista, pero confuso que terminó siendo rechazado en un plebiscito de salida en septiembre. Estas 155 personas designadas provenían principalmente de la centroizquierda. En ese momento se presentaron varias propuestas, incluida una sobre la nacionalización de los recursos que puso nerviosos a los inversores.

Por su parte, los consejeros tendrán cuatro meses a partir del 7 de junio para presentar su propuesta y en diciembre se celebrará un plebiscito de salida.

En general, la preocupación por los cambios de gran alcance ha disminuido y el otrora poderoso clamor por reformar parece haber menguado en medio de una sensación de fatiga y estrés económico que enfrentan los hogares, si bien persisten las demandas latentes de un Estado más grande, expresadas de manera contundente durante los disturbios sociales de 2019 y 2020.

La gran interrogante gira ahora en torno a la apertura de las fuerzas políticas dominantes para negociar y la forma del borrador que finalmente emergerá.

“Si bien las estrategias políticas futuras podrían ofrecer sorpresas, nuestro escenario central supone que el diseño institucional del nuevo proceso constitucional apunta a ayudar a ofrecer una nueva carta magna minimalista que obtenga suficiente apoyo popular en diciembre y sea aprobada”, comentó JP Morgan.

De rechazarse el proyecto, seguiría vigente la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura, pero que ha sufrido varias reformas.

“Creemos que el nuevo proceso de reforma constitucional limitará el alcance de dichos cambios en comparación con el borrador anterior, y vemos un amplio apoyo político para preservar elementos clave del modelo económico de Chile”, comentó la calificadora Moody's sobre el proceso. "Es probable que el próximo intento de reforma constitucional tenga un enfoque más acotado".

Agregó que es probable que la confianza general sobre la inversión permanezca moderada sin una mejor comprensión de los resultados y claridad acerca del proyecto de royalty minero que se debate en el Congreso.

La industria chilena del litio también está en la mira luego de que el gobierno anunciara una nueva estrategia, que, entre sus propuestas, estipula que el Estado debe asumir una participación mayoritaria en cualquier proyecto de propiedad mixta que se considere “estratégico”.

Para obtener más información sobre los resultados del domingo y lo que los inversionistas deben saber, BNamericas realizó una entrevista por correo electrónico al abogado y académico Eugenio Evans (en la foto), de la firma legal local Grupo Evans.

BNamericas: ¿Cuáles son las principales conclusiones que se desprenden de los resultados del domingo?

Evans: Es muy difícil obtener conclusiones rotundas. El votante chileno da la impresión de comportarse bipolarmente, pues hace dos años votó mayoritariamente izquierda extrema; hoy lo hace —también muy mayoritariamente— por la derecha extrema. 

Es muy preocupante a mi parecer esta situación. La conclusión, la más certera a mi parecer, es que el comportamiento de los electores está muy cambiante, no tiene posiciones ideológicas con la cuales comprometerse fielmente y eso es malo para la estabilidad del país.

BNamericas: ¿Qué mensaje le daría a los inversionistas que han seguido de cerca el proceso?

Evans: Mi recomendación principal, a corto y mediano plazo, es la cautela y esperar los resultados del proceso constituyente, es decir, en diciembre 2023. Lo peor es que Chile siga con la constitución vigente y que perdure la discusión pública acerca de la validez y confiabilidad de las instituciones del país. 

Eso, además de la primacía de las posiciones políticas extremas, obliga a los muchos inversionistas a mirar el país con cautela. Sin perjuicio de ello, hay inversionistas que, por el tipo de proyecto, miran hacia el largo plazo. Por ejemplo, los que están tomando posiciones estratégicas en lugares con potencial para hidrógeno verde no matter what. A ellos, les diría que Chile es un país estratégicamente interesante y que sobreponderen sus opciones por el país. 

Hay otros inversionistas que tienen miradas distintas, relacionadas con sus estrategias de crecimiento en el continente. Estos pueden también tener una forma de apostar por un país menos coyuntural, por ejemplo, viendo qué podría estar en venta a futuro derivado de esta situación de corto plazo. 

Es el momento para vitrinear oportunidades, siempre que se considere el contexto actual y de fin de año, y se mire a tres o cinco años.

BNamericas: El economista Sebastián Edwards dijo que los grandes negocios globales siguen con más atención el tema del litio o el estatus futuro del agua, entre otras materias, que el nuevo proceso constitucional. ¿Está de acuerdo?

Evans: Puede tener razón Edwards —y hay ciertamente oportunidades en cuanto a desalinización, pues la escasez de agua viene por el cambio climático, un hecho cierto a nivel mundial y de impacto seguro e intenso para Chile—, pero a ningún inversor conviene la inestabilidad ni la incertidumbre. 

Hay cuestiones urgentes que resolver y cuyo retraso se justifica porque existen muchos actores políticos en la indefinición constitucional. El sistema político vive una crisis profunda, especialmente por la atomización que ocasiona a nivel de representación parlamentaria. Esto debe ser resuelto, pues la contraparte del inversionista minero —o de cualquiera que arriesgue capital en Chile— es el Estado, por lo que su predictibilidad y seriedad institucional son claves.