Estado brasileño de Piauí detalla APP de aguas por US$1.650mn

El estado brasileño de Piauí planea subastar el 14 de agosto un contrato de asociación público-privada (APP) por servicios hídricos válido por 35 años y valorado en 8.600 millones de reales (US$1.650 millones).

Las empresas interesadas deben entregar sus propuestas con garantías el 9 de agosto en la bolsa de valores B3 de São Paulo, donde se celebrará la licitación.

Del monto total, la mitad debe invertirse en ampliación de cobertura de residuos y la otra mitad en suministro de agua y reinversiones necesarias, dijo a BNamericas un vocero del gobierno estatal.

Se seleccionará al postor que presente la remuneración más alta para el Estado, cuyo monto mínimo se fijó en 1.000 millones de reales.

"El contrato de APP abarca 224 municipios del estado, casi todas las ciudades, con la excepción de la capital estatal y otras dos que ya están cubiertas por otro contrato. Actualmente, solo el 10% de la población del estado, fuera de la capital, tiene acceso a servicios de tratamiento de aguas residuales, por lo que este contrato de APP se enfoca en la ampliación de los servicios de alcantarillado", indicó el vocero.

La capital estatal, Teresina, y las otras dos ciudades reciben actualmente servicios de la empresa pública Agespisa.

Los documentos del contrato se pueden revisar aquí.

La subasta debiera atraer a múltiples participantes, aunque otras similares se han vuelto menos frecuentes en los últimos trimestres, después de que se ofreciera una serie de grandes contratos tras una modificación regulatoria introducida en 2020.

"Esta APP tiene un gran requerimiento de inversión en alcantarillado en áreas muy pobres del estado, lo que hace que el proyecto sea difícil, incluso para la contratación de mano de obra para la construcción. Sin embargo, como ha habido menos contratos en oferta para empresas privadas en el sector en los últimos meses, será una subasta con alta competencia”, dijo a BNamericas bajo reserva de identidad un ejecutivo de una compañía que está evaluando el contrato.

En 2020, el Congreso aprobó una ley que exige alcanzar cobertura universal para 2033. Esta creó espacio para la participación de privados en un sector que había estado dominado por empresas públicas.

Sin embargo, las reglas de cobertura son flexibles al tratarse de localidades con infraestructura deficiente, como las que cubrirá la APP planificada. Si bien las localidades deberían tener cobertura total de agua potable para 2033, el plazo límite para los servicios de alcantarillado es 2040.

Actualmente, 48 proyectos de agua se encuentran en fase de estructuración a nivel nacional, algunos de los cuales podrían ofrecerse al sector privado este año. La inversión combinada en las concesiones y las APP planificadas asciende a 64.300 millones de reales, según cifras recopiladas por la asociación industrial Abcon para BNamericas. Estas iniciativas llevarán servicio a más de 34,2 millones de personas.

El país ha celebrado 40 licitaciones desde que la normativa entró en vigor, mediante las cuales ha ofrecido 10 contratos regionales y 30 municipales con inversiones asociadas de 103.000 millones de reales.