Estudio destaca disparidades en pensiones de México

Más del 60% de los trabajadores mexicanos no tienen acceso a pensiones y, de los que sí tienen, existen grandes disparidades entre las pensiones de los empleados del sector privado y los burócratas del sector público, que representan hasta 30 veces más en promedio, según un nuevo estudio de instituto de competitividad IMCO.

El informe, basado en una encuesta de competitividad de este año, destaca dos áreas problemáticas en el sistema de pensiones del país, según los argumentos presentados el martes a una subcomisión del Senado por el presidente del regulador de pensiones Consar, Carlos Ramírez, quien instó a llevar a cabo reformas previsionales sin demora.

"Tenemos que hablar claro a los mexicanos de lo que deben esperar en su afore", dijo Ramírez, citado por el diario local El Universal, y agregó que si bien México ha logrado aumentar los ahorros de jubilación en los últimos 20 años, el resultado es insuficiente para satisfacer las demandas de la nación en los próximos años.

En 2021, el sistema de jubilación verá la primera gran ola de trabajadores contratados después de las reformas de pensiones de 1997 y que contribuyen a las afores.

Ramírez señaló que los trabajadores que actualmente contribuyen a las afores podrían recibir una pensión equivalente a apenas el 30% de su último salario, por lo que hizo un llamado a la comisión de seguridad social del Senado a tomar medidas para reducir las comisiones de las afores, que hoy en día promedian 1,03%.

ASPECTOS DESTACADOS DEL ESTUDIO

IMCO recalcó que la alta tasa de empleo informal —tendencia que no ha disminuido en los últimos años a pesar de los esfuerzos para aumentar la formalidad mediante reformas estructurales— implica que el 60% de los trabajadores están excluidos del sistema de pensiones.

El segundo problema destacado en el informe es que las contribuciones de los trabajadores del sistema de seguridad social del sector privado IMSS a las afores son demasiado bajas.

El tercer problema involucra cientos de marcos de pensiones existentes en el sector público, muchos de los cuales surgieron de acuerdos con los sindicatos para proporcionar un enfoque gradual para la transición a cuentas individuales de jubilación.

"Existe un pasivo actuarial superior a 120% del PIB de centenas de sistemas pensionarios de servidores públicos que, de no reformarse, pondrán en jaque las finanzas públicas nacionales y estatales", consigna el informe ejecutivo del estudio.

Esos sistemas también han generado enormes disparidades, con jubilados del sistema de seguridad social de trabajadores públicos ISSSTE que reciben una pensión promedio de 11.500 pesos (US$617) frente a los empleados del sector privado que ingresaron al IMSS antes de las reformas de pensiones y que perciben 4.500 pesos mensuales. Estas cifras, las últimas disponibles, se informaron para 2013 pero se ajustaron a pesos de 2016.

A los empleados del sector energético les va mejor, pues los trabajadores de la eléctrica estatal CFE reciben en promedio una pensión mensual de 33.400 pesos y los de la petrolera estatal Pemex obtienen 36.200 pesos. La disparidad más extrema se produce con los empleados de la agencia judicial federal CJF, que cobraron en promedio 69.500 pesos al mes en beneficios.

La variación fue aún más amplia en el caso de los empleados que reportaron beneficios previsionales bajo el sistema afore posterior a 1997, pues el promedio llegó solo a 2.300 pesos mensuales.

El estudio hizo hincapié en las siguientes acciones para reparar el sistema:

• Reducir las tasas impositivas para asalariados que ganan hasta 10.298 pesos al mes, lo que permitiría reducir los costos de formalización de los trabajadores más pobres. Esta modificación podría beneficiar a 15,6 millones de trabajadores formales, al liberar entre 5,5 y 10,5% de su ingreso mensual.
• Construir un pacto político para alcanzar una reforma estructural de la seguridad social, que universalice los beneficios, corrija las insuficiencias y ponga límites a los déficits pensionarios.
• Comunicar la urgencia del problema pensionario nacional y los efectos adversos del envejecimiento en la distribución del ingreso, así como la asignación de recursos públicos de los años por venir.