Chile presenta proyectos de ley para acelerar transición energética

El Gobierno chileno presentó al Congreso tres proyectos de ley del sector energético como parte de su intención de acelerar la transición hacia una economía más limpia.

Uno de ellos apunta a reformular los compromisos de Chile con la participación de fuentes renovables en la matriz energética, que se han ido volviendo obsoletos luego de que el crecimiento del país superara las expectativas.

Otra propuesta apunta a incentivar la adopción del hidrógeno verde en la matriz energética al permitir su transporte a través de gasoductos y un tercero establece nuevas reglas e incentivos para la adopción de vehículos eléctricos y soluciones de almacenamiento energético.

Las propuestas fueron presentadas por los ministerios de Energía y Hacienda en momentos en que la administración saliente envía iniciativas legislativas pendientes al Congreso. El gobierno del presidente Sebastián Piñera finaliza su mandato en marzo del próximo año.

Los proyectos abordan elementos cruciales del plan de transición energética de la nación andina, que apunta a alcanzar neutralidad en carbono para 2050.

RENOVABLES

El primer proyecto actualizaría la meta establecida en la legislación chilena de tener 25% de generación renovable no convencional para 2025 y 40% para 2030. Un objetivo adicional especifica que las empresas generadoras estarán obligadas a vender al menos 30% de energía renovable en cada uno de los diferentes bloques horarios del sistema para evitar situaciones en las que se utilice energía renovable predominantemente durante el día.

La estrategia energética nacional de largo plazo, actualmente en fase de consulta pública, plantea que el 80% de la matriz local sea abastecida por fuentes renovables (incluida la hidroelectricidad) para 2030. Este acuerdo, sin embargo, no es vinculante.

Otro objetivo clave del proyecto es fomentar la generación distribuida a través de una serie de incentivos. Estos incluyen permitir que los generadores residenciales obtengan descuentos en tarifas de transmisión (para reconocer que, al generar energía localmente, utilizan el sistema de transmisión menos que otros usuarios) y tomar medidas para acelerar el proceso de conexión. La tasa de descuento exacta de transmisión se establecería mediante un nuevo reglamento que se publicará después de promulgada la ley.

HIDRÓGENO

El proyecto obliga a los propietarios de ductos de distribución de gas natural a transportar un porcentaje de hidrógeno verde en sus redes a partir de 2030. El porcentaje exacto lo fijará la Comisión Nacional de Energía (CNE) cada seis años y considerará “la proyección de demanda de gas, los costos y el grado de desarrollo del mercado de H2V, y la disponibilidad de este combustible”.

La iniciativa plantea que la medida busca allanar el camino para una adopción más amplia del hidrógeno verde en la economía chilena al hacer que la capacidad de transporte y la demanda locales estén disponibles para la industria del futuro.

También establece que las nuevas instalaciones y artefactos adquiridos por las distribuidoras y sus clientes deben ser compatibles con una participación de 20% de hidrógeno verde en la red de gasoductos. Además, las concesionarias deberán actualizar sus instalaciones para dar cumplimiento a esta disposición y no podrán traspasar el costo adicional a sus clientes. Sin embargo, podrán declarar los gastos adicionales cuando se evalúe su rentabilidad como proveedores de servicios públicos.

TRANSPORTE ELÉCTRICO Y ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO

Este proyecto propone crear un pago a sistemas de almacenamiento energético que no estén vinculados a proyectos de generación específicos por la energía que inyecten a la red y por su disponibilidad para inyectarla durante períodos de alta demanda.

En términos de transporte, la propuesta propone cambios a la normativa vigente para que los vehículos eléctricos desempeñen un papel en el mercado energético al funcionar como sistemas de almacenamiento mientras estén conectados. Los propietarios de vehículos serían compensados cuando sus baterías reinyecten energía a la red, según requiera el sistema.

También introduciría nuevos incentivos para fomentar la adopción de vehículos eléctricos en forma de descuento temporal en el permiso de circulación obligatorio.