Guatemala se prepara para crear autoridad del agua y nueva normativa

El Gobierno de Guatemala se dispone a poner en marcha un proceso para tramitar una nueva normativa general sobre las fuentes de agua nacionales con el fin de garantizar su conservación y uso eficiente.

El jueves, el presidente Bernardo Arévalo dijo que de esta forma se evitarían situaciones como la polución del río Motagua, uno de los cauces más contaminados de Centroamérica, y de los lagos Amatitlán y Atitlán.

“[La ley] va a dar seguridad para que no nos vuelva a pasar. Estamos poniendo en riesgo fuentes fundamentales de agua para el país. Ya se están tomando acciones, estrategias para trabajar organizados y coordinados. Tenemos que hacerlo ahora”, señaló el mandatario al medio local AGN.

La Constitución guatemalteca exige que el país cuente con una ley general de aguas y actualmente hay más de 20 iniciativas en el Congreso relacionadas con ese proceso, que no han logrado avanzar por falta de consenso político.

La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, explicó que la ley creará una nueva autoridad del agua y que se basará en las iniciativas que actualmente están estancadas en el Parlamento.

Algunos de estos proyectos de ley incluyen propuestas para crear una base de datos del agua del gobierno con estadísticas sobre el consumo en cada región del país, la conservación de las fuentes de agua y los bosques, y la obtención de las mejores prácticas de los modelos indígenas de uso colectivo del agua.

También contemplan el estudio y regulación del uso de los acuíferos, el trámite y facilitación de la resolución de conflictos y la promoción del desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica.

El gobierno también organizará sesiones de diálogo con pequeños, medianos y grandes consumidores a partir del 18 de septiembre, con el objetivo de discutir los puntos clave de la nueva normativa.

Orantes también dijo que el país pretende obtener un crédito de 200 millones de quetzales (US$19 millones) para realizar obras en los 97 municipios que conforman la cuenca del río Motagua para ayudarlos a limpiar las fuentes de agua bajo las normas de la nueva ley.

También se solicitará otro préstamo de 300 millones de quetzales a una entidad financiera no identificada para construir plantas de tratamiento en la zona.