Industria de módulos fotovoltaicos de México afronta crecientes costos y guerra de precios

El aumento de los costos y las complicaciones en las cadenas de suministro frenan el negocio de los promotores de la energía solar fotovoltaica en México, a pesar de que las intervenciones políticas que impiden la inversión privada en energía solar y eólica están perdiendo fuerza.

Adrián Díaz, de la asociación de la industria fotovoltaica AMIF, y Gilberto Sánchez Nogueira, de la agrupación de energía solar Anes, dijeron al medio de noticias Energía a Debate que los precios de insumos fotovoltaicos cruciales como el silicio, el aluminio o el vidrio han aumentado alrededor de un 20% en los últimos dos años.

Ambos señalaron que las interrupciones en la cadena de suministro internacional como resultado en gran parte de la pandemia también han afectado a los materiales vinculados al desarrollo fotovoltaico.

“Los módulos [fotovoltaicos] han incrementado sus costos desde 2020, no solo por el tema del aluminio, [sino porque] el silicio y el mismo vidrio han incrementado sus costos, que son componentes esenciales”, indicó Sánchez.

Agregó que las navieras se han visto abrumadas durante la pandemia, ya que en diversas ocasiones los contenedores estaban listos para ser despachados en los puertos, pero los buques de carga no podían atracar o las naves esperaban en los muelles durante largos períodos antes de que los cargamentos estuvieran listos.

Peor aún, la mayoría de los insumos para los módulos provienen de China, comentó Sánchez, y en este país se impusieron nuevas medidas de confinamiento por el covid-19, mientras que muchos otros países han relajado las restricciones.

Díaz dijo que los proveedores de módulos fotovoltaicos han mantenido el costo por panel instalado en 10.000-14.000 pesos (US$500-700), pero el nivel de precios estaba más relacionado con la intensa competencia entre los instaladores y su cadena de suministro informal a través de la cual mantenían inventarios.

Sánchez dijo que el negocio se reducía a qué empresas estaban más dispuestas o podían sacrificar las ganancias y la calidad de las instalaciones para seguir siendo competitivas.

“El aumento de instaladores ha generado una competencia más voraz para atender el mercado y, por lo tanto, los precios para el usuario final se han mantenido o han mostrado tendencias a la baja”, explicó Sánchez.

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA

Más allá de la guerra de precios, ambos representantes señalaron que el futuro de la industria dependerá de la votación del domingo en la Cámara Baja sobre un paquete de reformas constitucionales que podría limitar severamente los proyectos fotovoltaicos.

De concretarse, las reformas constitucionales —que apunta a ayudar a la eléctrica estatal CFE y la termoelectricidad— restringirían la mayor parte del desarrollo fotovoltaico.

Las cuantiosas inversiones fotovoltaicas se han paralizado en los últimos años; primero, con la cancelación de la cuarta subasta de energía a largo plazo en 2019 y, luego, por la detención de nuevas conexiones a la red como parte de una política de seguridad energética por la intermitencia de la fuente en mayo de 2020.

Cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) fueron más allá al obligar el despacho prioritario a todas las generadoras de CFE sobre las privadas en marzo de 2021 y el gobierno introdujo a fines de septiembre modificaciones más profundas con el paquete de reformas constitucionales que se someterá a votación el domingo.

Al partido gobernante Morena y sus aliados les faltan aún 56 votos para aprobar el proyecto de ley, lo que aumenta las probabilidades de que la reforma fracase. Solo un diputado opositor, Carlos Miguel Aysa, del PRI, anunció que votaría a favor, lo que le ha valido ácidas críticas.

Expertos consultados por BNamericas coinciden en que el gobierno y Morena no tienen claro el camino a seguir. Se basan en las reformas de índole no constitucional a la LIE aprobadas en 2021, modificaciones que se mantuvieron intactas después de un estrecho dictamen de la Corte Suprema.

Las reformas a la LIE aún están sujetas a recursos judiciales y podrían ser anuladas por vulneraciones a los derechos humanos en una próxima resolución del máximo tribunal a raíz de un recurso presentado por Greenpeace.

LOS PELIGROS PERSISTEN

Sánchez advirtió que las reformas que se someterán a votación el domingo limitarían además los proyectos de generación distribuida al cancelar teóricamente todos los contratos y forzar una renegociación con CFE como único comprador de electricidad y autorregulador de precios.

Sin embargo, incluso si aquello fallara, podrían plantearse medidas similares contra la generación distribuida, advierten los expertos.

“Es peligroso porque no queda claro y uno de los temas que me preocupa más es que a CFE se le faculta para realizar todas las actividades”, planteó Sánchez.