Inversionistas extranjeros no escapan a bloqueo de carreteras en Bolivia

Los inversionistas extranjeros no son inmunes a los efectos económicos de los bloqueos de carreteras en Bolivia, como el último ocurrido en el departamento de Santa Cruz a raíz de una disputa sobre los planes para la nueva ruta Las Cruces-Buena Vista.

Las protestas en demanda de la nueva carretera de US$200 millones se reanudaron el miércoles después de una pausa de dos semanas, bloqueando una vez más el principal enlace entre Santa Cruz y Cochabamba, a pesar de las negociaciones en curso entre el gobierno departamental —que se opone a una sección de la vía por preocupaciones ambientales— y las autoridades nacionales, informaron los medios de comunicación locales.

“Son situaciones que afectan a todo el comercio en Bolivia, tanto para las empresas locales como las inversiones extranjeras. En ese sentido no hay una protección específica para la inversión extranjera que pueda cubrir que, en el caso de que haya algún conflicto de este tipo”, dijo Dayana Hevia, abogada de Montt Group Bolivia, en respuesta a una pregunta de BNamericas durante un webinar realizado por la firma sobre el marco regulatorio del país para las empresas que buscan invertir.

Las protestas anteriores en Santa Cruz, que duraron 11 días, dejaron pérdidas por US$110 millones y en lo que va del año se han registrado más de 100 manifestaciones de este tipo en todo el país, según el centro de estudios de comercio exterior IBCE, que también advirtió sobre los efectos de los bloqueos sobre el crecimiento económico y la inflación.

Los resultados de las conversaciones entre los gobiernos nacional y santacruceño se darán a conocer el viernes, informó el diario La Razón.

Las autoridades de La Paz estudian dos opciones para la controvertida vía: mantener el diseño actual pero con medidas de mitigación ambiental más estrictas, o redactar un nuevo diseño, explicó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, al medio de comunicación Unitel.

La autoridad añadió que la segunda opción retrasaría aún más el proyecto, ya que implicaría nuevos estudios y posibles nuevas negociaciones con los financiadores, que incluyen al banco de desarrollo de América Latina CAF y al Fondo para el Desarrollo Internacional de la OPEP.