Lava Jato eclipsa Cumbre de las Américas

La Cumbre de las Américas, que se celebrará en la capital peruana de Lima esta semana, tiene como tema central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

Pocos podrían haber adivinado hace 18 meses cuán apropiado sería ese lema.

Desde la última Cumbre, celebrada en 2015 en Panamá, el escándalo de Odebrecht y la investigación conocida como Operación Lava Jato en su país de origen, Brasil, han sacudido a la región, lo que ha perjudicado tanto a líderes gubernamentales como a magnates empresariales, obligado a los países a cancelar o suspender decenas de miles de millones dólares en concesiones de infraestructura y recortado varios puntos porcentuales del crecimiento económico regional.

Como resultado, varios funcionarios de alto rango han sido encarcelados o están siendo procesados ​​en países como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Panamá. El expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue destituido semanas antes de la cumbre, lo que generó dudas sobre si el evento se realizaría o no.

La reunión, que tendrá lugar en Lima del 13 al 14 de abril, reúne a líderes y otros funcionarios de los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir temas que incluyen infraestructura regional e iniciativas comerciales y la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado.

Odebrecht, que en diciembre de 2016 admitió haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos para obtener contratos en todo el continente, administró decenas de importantes concesiones de infraestructura otorgadas en 10 países de América Latina a lo largo de décadas. Eso ha hecho que abordar la corrupción en la región sea aún más urgente.

Pese a que los sistemas judiciales de EE.UU. y Brasil han cooperado más libremente con otros países de la región en el caso Lava Jato, analistas y funcionarios gubernamentales admiten que queda mucho por hacer para detener el flujo de todo, desde fondos ilícitos, armas y drogas hasta oro que se extrae en forma ilegal y maderas tropicales a través de las fronteras.

La corrupción en la región ha reducido la inversión en 5% y aumentado el costo de hacer negocios en 10%, según la ONG Transparencia Internacional. Al mismo tiempo, la evasión fiscal global, la malversación, los sobornos, el lavado de dinero y el contrabando impiden que US$1bn/a ingresen en las arcas gubernamentales.

"Estamos preparando un documento de los compromisos que pueden ser adoptados libremente por los estados miembros para reforzar la gobernabilidad contra la corrupción", afirmó la embajadora de Canadá en Perú, Gwyneth Kutz. "Es una obligación de los gobiernos democráticos mejorar la legislación para bloquear estas prácticas y reforzar la postura de los ciudadanos contra este problema".

INFRAESTRUCTURA

Lima, que en los últimos años ha sido sede del Foro Económico Mundial, la Conferencia de las ONU sobre el Cambio Climático (COP), la asamblea general del FMI y el Banco Mundial y la cumbre APEC, recibirá US$80mn como resultado de la llegada de al menos 6.000 visitantes por la cumbre, según la cámara nacional de turismo (Canatur).

Además de la oportunidad de hacer negocios, la OEA también ha organizado una cumbre de presidentes ejecutivos que abordará cuestiones comerciales específicas comunes a los miembros regionales, un evento de dos días al que asistirán 750 titulares de 30 países y una docena de líderes gubernamentales.

Los desafíos regionales incluyen el uso sostenible del agua durante la era del calentamiento global, con América Latina, que podría agregar 125Mha de tierra arable, que aporta el 16% de las exportaciones mundiales de alimentos y productos agrícolas, incluido más del 50% de las exportaciones de soya, azúcar y bananas.

América Latina también está rezagada en términos de cadenas globales de valor y capacitación laboral en un momento en que las ventas de bienes intermedios representan el 60% del comercio mundial, mientras que se espera que la automatización y la innovación tecnológica tengan un impacto en 1.100 millones de trabajadores.

Por su parte, las iniciativas regionales de infraestructura que se han estancado en los últimos años incluyen el corredor ferroviario bioceánico, oleoductos y gasoductos y redes eléctricas, ya que los gobiernos y las empresas se han visto obstaculizados por problemas legales, técnicos y financieros.

La inversión promedio latinoamericana en infraestructura entre 1992 y 2013 se ubicó en el equivalente al 2,4% del PIB, en comparación con un promedio global de 4-8,5%, según la OEA. La región deberá invertir el 5% del PIB, o US$150.000mn adicionales por año, en las próximas tres décadas, para cerrar la brecha.

Y debido a una población joven y en rápido crecimiento, se espera que la demanda regional de electricidad casi se duplique para 2040, mientras que la industria de hidrocarburos tendrá que invertir US$550 mil millones hasta 2030 para mantener los niveles actuales, según la organización.

"No es un buen momento para fijarse en la infraestructura, con tanta empresas constructora de la región atrapada en Lava Jato", comentó Fernando Rospigliosi, analista político y exministro del Interior de Perú. "También hay grandes diferencias entre los gobiernos".

La dificultad de la continuidad en las políticas se ve subrayada por el hecho de que la región podría experimentar hasta nueve cambios de gobiernos en los próximos dos años, ya que Costa Rica, Paraguay, Colombia, Venezuela, México y Brasil celebran elecciones este año, seguidos de Argentina, Bolivia y Uruguay en 2019.

Y aunque la cumbre fue ideada por primera vez en 1994 como un medio para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la región sigue dividida entre otras iniciativas, como Unasur, Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y ALBA, mientras que México, Perú y Chile también se han unido al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La cumbre llega en un momento en que la región está cada vez más dividida por los cambios políticos y las tensiones fronterizas. Tanto Perú como Bolivia han llevado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por cuestiones fronterizas en los últimos años, mientras que la crisis humanitaria en Venezuela ha inundado a la vecina Colombia con medio millón de refugiados.

VENEZUELA

Pese a que los organizadores excluyeron al presidente venezolano Nicolás Maduro por adelantar unilateralmente las elecciones generales de este mes en medio de acusaciones de fraude y abusos contra los derechos humanos, la cumbre también estudiará formas de canalizar la ayuda humanitaria incluyendo alimentos y medicinas a Venezuela, algo que el régimen de Maduro ha bloqueado hasta ahora.

La crisis venezolana se ha agudizado desde 2014 debido a la caída en los precios del petróleo crudo, que representa el 95% de los ingresos de exportación del país, lo que forzó a 2 millones de residentes a emigrar. Venezuela, miembro de la OPEP y dueña de las mayores reservas petroleras del mundo, ha experimentado una disminución de la producción de petróleo a aproximadamente 1.586 millones de barriles diarios (Mb/d) desde niveles superiores a los 3Mb/d en 1997.

Maduro -otrora conductor de buses- llegó al poder como aliado del expresidente Hugo Chávez, que inició su revolución socialista en 1999 y lo sucedió tras su muerte en 2013. El mandato presidencial venezolano dura siete años.

"Es un país donde el Gobierno ha desconocido la Constitución y los derechos humanos", declaró el analista internacional Ernesto Velit. "Hay represión, abuso y presos políticos, lo que es preocupante y un mal ejemplo para la región".