Legisladores brasileños desafían ambiciones verdes de Lula

Una comisión mixta del Congreso de Brasil aprobó ciertos cambios administrativos que podrían afectar la agenda proambientalista del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Integrada por senadores y diputados, la comisión aprobó un proyecto de ley que reduce el poder y la influencia del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, encabezado por Marina Silva (en la foto). La destacada activista y dirigente política ocupó anteriormente el mismo cargo entre 2003 y 2008, también bajo la presidencia de Lula, y es una de las líderes del partido ambientalista Rede Sustentabilidade.

La comisión aprobó la transferencia del regulador de saneamiento ANA del Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de las Ciudades.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente ya no tendría atribuciones para supervisar el catastro ambiental rural (CAR), mecanismo considerado importante para evitar la expansión de granjas en áreas protegidas. En cambio, el sistema ahora estará bajo el Ministerio de Gestión, Innovación y Servicios Públicos.

Las decisiones de la comisión deben ser aprobadas por la Cámara Baja y el Senado para que entren en vigencia.

Las modificaciones se plantearon durante la discusión de una medida provisional presentada a principios de año por el propio Lula, que pidió aprobar un aumento en el número de cargos en el Gabinete. Cuando asumió la presidencia el 1 de enero, Lula emitió la medida provisional, que debe obtener luz verde del Congreso para convertirse en permanente, con el fin de aumentar los ministerios a 31, en comparación con los 19 de la administración de Jair Bolsonaro.

El Ministerio de Medio Ambiente es un tema delicado para al gobierno de izquierda de Lula. El ultraderechista Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2022, impulsó una serie de medidas que fueron criticadas por grupos ecologistas, como la reducción de las facultades tanto del ministerio como de los reguladores relacionados con el ambiente.

Al asumir su tercer mandato, Lula prometió anular esas políticas y redoblar esfuerzos en favor del medio ambiente.

Su gobierno ha complementado el Fondo Amazonía con recursos frescos de varios países con la intención de priorizar proyectos de sostenibilidad y apoyar a los pueblos indígenas en la reducción de la deforestación y la explotación de comunidades en la selva tropical.

CONTOVERSIA POR BLOQUE PETROLERO

Este mes, el regulador ambiental Ibama rechazó la solicitud de la petrolera estatal Petrobras para perforar un pozo exploratorio en aguas profundas en el bloque FZA-M-59 de la cuenca Foz do Amazonas, en el Margen Ecuatorial.

La decisión obedeció a "incongruencias técnicas para las operaciones seguras en una nueva frontera exploratoria de alta vulnerabilidad socioambiental", explicó la agencia.

La resolución de Ibama fue celebrada por Marina Silva, aunque otros líderes políticos, incluso al interior de la coalición de gobierno, la criticaron con el argumento de que aprobar la licencia para Petrobras apoyaría el desarrollo económico en el norte de Brasil.

Las políticas ambientales del gobierno de Lula han sido seguidas de cerca por los líderes mundiales durante sus viajes al extranjero y han sido una de las herramientas utilizadas por el gobierno para intentar cerrar un acuerdo de libre comercio entre el bloque comercial sudamericano Mercosur y la Unión Europea.

Sin embargo, la decisión de la comisión mixta podría ser un obstáculo en estos planes.

"Si destruimos la legislación ambiental de Brasil, se cerrarán las ventanas de oportunidad, porque en ese momento no bastará la credibilidad del presidente Lula, no bastará la del Ministro de Medio Ambiente, el mundo mirará nuestro marco legal", indicó Marina Silva en su cuenta de Twitter.

Según los especialistas, el conflicto ambiental entre los legisladores y Lula es una muestra más de las dificultades que enfrenta la actual administración en sus relaciones con el Congreso.

"Toda esta discusión para revertir las prácticas de política ambiental es muy mala para la imagen de Brasil en el exterior. Además, toda esta presión sobre la agenda ambiental de Lula muestra lo débil que es el gobierno en las negociaciones con el Congreso", dijo a BNamericas el analista político André Pereira César, de Hold Consultoria.

Por otra parte, hay quienes ven ciertos aspectos positivos.

“Lo que hemos visto es que actualmente el Congreso tiene mucha influencia para tomar sus propias decisiones, no apoyando todo lo que sugiere el gobierno. Obviamente hay factores negativos en esto, pues se puede paralizar a la administración, pero al mismo tiempo, hay factores positivos, como evitar cualquier tipo de medida aventurera por parte del gobierno. Yo diría que los controles y contrapesos están actualmente en pleno funcionamiento en Brasil", dijo a BNamericas Luis Otavio Leal, economista jefe de la gestora local de activos G5 Partners.