Legisladores ecuatorianos aprueban ley anticorrupción

Legisladores ecuatorianos aprobaron una propuesta legislativa para ayudar a combatir la corrupción.

La ley, que recibió 107 votos a favor y 18 en contra, prohíbe a los funcionarios públicos tener cuentas, compañías o activos en países considerados paraísos fiscales.

En caso de que se determine que un funcionario público tuviera bienes, capitales o empresas, la Contraloría tendrá un procedimiento estipulado para que se pueda dar la sanción respectiva e incluso en el caso del presidente y vicepresidente, la Asamblea tendrá la capacidad jurídica y constitucional para destituirlos de sus cargos.

El plazo para que los funcionarios públicos traigan sus capitales o bienes desde los paraísos fiscales a Ecuador vence en marzo del próximo año, indicó Marcela Aguiñaga, presidenta de la comisión de justicia y estructura del Estado.

La legislación, que ahora pasará a manos del presidente Lenín Moreno para su aprobación o rechazo, se aprobó tras un referendo -el primero de su tipo- realizado este año en el cual la mayoría de los ecuatorianos respaldaron la medida enérgica.

"Aprobamos por votación histórica la Ley Paraísos Fiscales, uno de los temas esenciales para prevención y combate a la corrupción", escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

Durante una conferencia, el subdirector del servicio de Rentas Internas, Manolo Rodas, explicó la conexión entre los paraísos fiscales y las políticas tributarias en Ecuador, informó la agencia estatal de noticias Andes. La autoridad dijo que había falta de transparencia oculta transacciones y tramas de corrupción.

"Si los dineros se van a los paraísos fiscales, se tributa menos en el país donde se generaron", sostuvo. "Son 32 millones de personas en América y el Caribe que saldrían de la pobreza si no se evadieran impuestos y US$30.000mn han salido de Ecuador, desde 1970, hacía países considerados paraísos fiscales".

El mes pasado, la OCDE publicó un reporte sobre el cumplimiento de la norma de transparencia fiscal. El documento señala que solo una nación, Trinidad y Tobago, permanece en esta lista negra de transparencia fiscal.