Los cambios que se avecinan para el sector de hidrocarburos en Argentina

El proyecto marco de reforma económica aprobado recientemente por el Congreso de Argentina contiene múltiples medidas destinadas a causar un impacto en la industria local de petróleo y gas.

Dos pilares clave son la desregulación y la promoción de la inversión; esta última área se aborda a través del régimen denominado RIGI.

DESREGULACIÓN

En cuanto a la desregulación, la ley ―que aún no entra en vigor y requerirá legislación secundaria para su aplicación― cubre múltiples áreas.

En virtud de un cambio histórico, se pone fin a la exigencia de dar prioridad a la satisfacción de las necesidades del mercado interno. En su lugar, los objetivos políticos son maximizar la rentabilidad y “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”, señaló la consultora energética local Paspartú en un informe especial.

Los productores tendrán libertad para exportar y el Poder Ejecutivo no intervendrá en materia de precios. Sin embargo, el texto establece que la libertad de exportación está sujeta a que la Secretaría de Energía no se oponga en un plazo determinado.

Hoy en día, los productores de petróleo y gas deben solicitar autorización a dicha cartera, con el objetivo de garantizar la cobertura de la demanda interna.

Entre otros cambios, las exportaciones de gas por tubería (la mayor parte del cual actualmente se envía a Chile) se regirán por legislación secundaria. Dada la importancia estratégica del gas por tubería y los déficits estacionales, el texto podría conceder cierto grado de control estatal.

En el caso del GNL, los productores recibirán derechos irrestrictos para exportar de forma firme durante un máximo de 30 años, ampliables por 20 más.

Argentina no exporta GNL, pero la estatal YPF se encuentra entre las que tienen proyectos.

RIGI

Los proyectos que requieran un desembolso de US$200 millones o más y que pertenezcan a uno de los siguientes sectores pueden postular a RIGI: silvicultura, turismo, infraestructura, minería, tecnología, acero, energía eléctrica y petróleo y gas.

Las iniciativas que califiquen recibirán beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, con estabilidad legal y regulatoria establecida por 30 años.

El plazo de adhesión de los proyectos es de dos años y deben desplegar, en un período idéntico, al menos el 40% de la inversión mínima acordada.

Se establecerá una categoría especial, conocida como exportación estratégica a largo plazo, para proyectos con precios superiores a US$1.000 millones, indica un informe de la empresa de marketing y asuntos corporativos LLYC.

A los propietarios de los proyectos se les dará de forma gradual un mayor acceso a las divisas generadas, que arrancará en 20% a partir del segundo año (desde el primero para los proyectos estratégicos de exportación a largo plazo), hasta llegar a 100% a partir del cuarto año.

Entre otros cambios, el requisito de pagar derechos de exportación, habitualmente denominados retenciones, se suprimirá a partir del tercer año (desde el segundo para los proyectos estratégicos de exportación a largo plazo).

Además, los bienes de capital nuevos, incluidos los repuestos y los bienes de consumo, pueden importarse de forma libre, sin estar sujetos a derechos de importación.

En cuanto a los requisitos de contenido local, un mínimo del 20% de los pagos a proveedores deben destinarse a actores nacionales. 

El impuesto sobre la renta se establecerá en 25%, frente a los índices actuales de hasta 35%.

Una demanda clave del sector privado en Argentina es el libre acceso a los ingresos en moneda extranjera, que se ha visto limitado desde que se implementaron controles cambiarios en medio de las turbulencias del mercado en 2019.

PRIVATIZACIÓN

Entre las empresas estatales consideradas “sujetas a privatización” en la Ley Bases figura Energía Argentina, que ejecuta el proyecto de reversión de flujo del Gasoducto Norte.

La compañía finalizó la primera fase del proyecto de descongestionamiento de la producción de gas de Vaca Muerta.

En noticias relacionadas, el Gobierno Federal busca vender su participación en la empresa mendocina de infraestructura de generación eléctrica Impsa a un inversionista norteamericano, informó la prensa local.

El estado posee alrededor del 63% de Impsa, participación obtenida en 2021 cuando la compañía atravesaba dificultades financieras.