Los pros y contras de la propuesta mexicana de ley de ciberseguridad

El sector mexicano de TI ha planteado su preocupación acerca de supuestos riesgos para los derechos humanos y los tratados internacionales que presenta un proyecto de ley de ciberseguridad próximo a debatirse en el Congreso.

La iniciativa, que llevó casi un año de trabajo, fue presentada en abril al cierre del primer período legislativo. Con la apertura del segundo período se empezará a analizar en las comisiones de ciencia, tecnología e innovación; defensa nacional; y presupuesto y cuenta pública.

Sin embargo, en un comunicado conjunto, el capítulo local de la Cámara de Comercio Internacional, la cámara de TI Canieti y las asociaciones sectoriales Alai, Asiet, Amiti y Anatel advierten de posibles problemas.

“Lo positivo es que se trata de una iniciativa muy necesaria para nuestro país. Vemos con buenos ojos la creación de una agencia nacional de ciberseguridad, pero aquí viene uno de los problemas, y es que se le dan amplios poderes de policía”, dijo a BNamericas Cindy Rayo Zapata, directora de Asiet para México, Centroamérica y Caribe.

De acuerdo con Rayo, la agencia de ciberseguridad podría “ordenar la baja de direcciones IP, dominios y sitios de internet de manera discrecional, sin ningún tipo de procedimiento, garantía de audiencia o debido proceso”.

El documento conjunto alerta sobre los términos en los que se define la entrega de información de los usuarios a las autoridades. Por ejemplo, indica que existen elementos que “conllevan al riesgo de que las Fuerzas Armadas profundicen las tareas de vigilancia, espionaje e intervención de comunicaciones privadas de la población” sin autorización y controles judiciales pertinentes.

“En México existe amplia legislación y reglamentos que recogen los más altos estándares a nivel internacional en materia de protección de datos personales, y esta iniciativa contiene disposiciones o artículos que, de alguna manera, afectan esta protección de los datos que ya está contenida en otros ordenamientos”, indicó Rayo.

“Se podría afectar todo el trabajo que México ha venido llevando a cabo para convertirse en un puerto seguro en materia de datos personales”, agregó.

La iniciativa también establece que la información de los usuarios se debe almacenar en México, lo que contradice tratados internacionales firmados con EE.UU. y Canadá.

Como aspecto positivo, Rayo destaca el espíritu de colaboración y coordinación entre el sector público, el sector privado y la academia. “Es bien importante para el diseño de todo tipo de estrategia integral de seguridad”, sostuvo. Sin embargo, esta colaboración podría verse afectada o menoscabada por las preocupaciones asociadas a la propuesta.

El documento enviado por las cámaras resalta la creación de un consejo consultivo ciudadano que participe en la agencia de ciberseguridad para fomentar una “cultura de ciberseguridad entre la población”.

Para impulsar cambios, las asociaciones y cámaras empresariales solicitaron una reunión con las autoridades. Si bien todavía no se ha fijado una fecha, Rayo confía en que los legisladores responderán, porque “siempre ha habido bastante apertura”.

De acuerdo con datos de la firma estadounidense de ciberseguridad Fortinet, México se ubicó el año pasado en el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica, con 187.000 millones de intentos, aumento anual de 20%.