Lula prohíbe minería en tierras indígenas

Mientras la crisis humanitaria que afecta a la población indígena de Brasil acapara los titulares internacionales, el gobierno está intensificando el combate a la minería ilegal y ha prohibido cualquier actividad relacionada.

Además, las autoridades bloquearon el acceso no autorizado al territorio yanomami para interrumpir el abastecimiento a agrupaciones delictivas y prevenir la propagación de enfermedades.

"[El presidente Luiz Inácio Lula da Silva] está aprovechando esta situación, que es realmente un tema humanitario sensible, para restaurar la imagen internacional de Brasil como país que defiende medidas de protección del ambiente", dijo a BNamericas el analista político André Pereira César, de Hold Consultoria.

"Tomaremos todas las medidas para sacar a los mineros ilegales y cuidar al pueblo yanomami. Estamos decididos a terminar con esto. El Gobierno brasileño eliminará y terminará con la minería en cualquier territorio indígena a partir de ahora", señaló Lula en un discurso.

"He ordenado al regulador minero ANM que ni la más mínima actividad sea permitida en tierras indígenas. No se autorizará ni una sola exploración", añadió el mandatario.

La desnutrición y las altas tasas de malaria entre los pueblos indígenas se han atribuido a la minería ilegal practicada por agrupaciones criminales, también responsables de la destrucción ambiental asociada y la explotación de las comunidades.

Durante la reciente visita del canciller alemán, Olaf Scholz, se anunció la reactivación del denominado Fundo Amazônia, financiado por Alemania y Noruega y supervisado por el banco de desarrollo BNDES. Creado para financiar proyectos sostenibles en la Amazonía, los países donantes dejaron de contribuir por diferencias con el expresidente Jair Bolsonaro en materia de deforestación.

Ahora, Alemania se comprometió a entregar al fondo 35 millones de euros (US$37,9 millones), parte de lo cual se utilizará para aliviar la crisis indígena.

En total, Alemania entregará 1.100 millones de reales (US$216 millones) para proyectos ambientales en todo Brasil.

ARISTAS JURÍDICAS

La Corte Suprema ordenó una investigación de la crisis humanitaria que podría apuntar a Bolsonaro. Las autoridades indagarán si se cometieron irregularidades y determinarán cuánto contribuyó a la crisis el debilitamiento de los mecanismos para prevenir la minería ilegal.

“El juez Luís Roberto Barroso [de la Corte Suprema] resolvió que el Ministerio Público, la Fiscalía Militar, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública [y el departamento de la Policía Federal del estado de Roraima] investiguen la eventual participación de autoridades del gobierno de Jair Bolsonaro en delitos de genocidio, desobediencia, violación del secreto judicial y delitos ambientales relacionados con la vida, la salud y la seguridad de diversas comunidades indígenas”, señala un comunicado de prensa de la Corte Suprema.

A través de las redes sociales, Bolsonaro, quien se encuentra en EE. UU. desde el 31 de diciembre, negó cualquier irregularidad y aseguró que su administración sí prestó atención a las poblaciones indígenas. Añadió que la minería ilegal era un problema mucho antes de que asumiera el cargo en 2019.

“Esta decisión de la Corte Suprema es un punto más que pone en riesgo el futuro político de Bolsonaro y podría incluso llevar a la suspensión de sus derechos políticos, lo que le impediría, por ejemplo, ser candidato en las próximas elecciones presidenciales”, agregó César.