Mercado de capitales de Perú en riesgo tras decisión de Constitucional sobre retiro de fondos de pensiones

El mercado de capitales peruano podría enfrentar nuevas restricciones tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar legal el retiro de fondos del sistema privado de pensiones. 

El financiamiento de grandes proyectos —en infraestructura, minería y energía, entre otros sectores— corre riesgo, advirtieron algunos analistas, puesto que, al ser rubros cuyo planeamiento es de largo plazo, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) han invertido en dichos sectores.

La decisión se da luego de que, producto de la pandemia, el Congreso autorizó el retiro de hasta US$4.600 por afiliado. "Se han retirado alrededor de 60.000 millones de soles [más de US$15.000 millones]. La cartera administrada [por las AFP] ahora está entre los 120.000 millones y los 110.000 millones de soles. El mercado de capitales se ha reducido significativamente", dijo a BNamericas el jefe del centro de estudios Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes.

De acuerdo con el regulador de banca y seguros, los sectores minero, industrial, energético y de construcción representan alrededor del 18% de las inversiones administradas por el sistema privado de pensiones. 

Para Fuentes, sentencias como las del Tribunal Constitucional suelen tomarse como precedentes y daría impulso —principalmente desde el Congreso— a nuevos retiros del sistema. "Además de desnaturalizar el sistema de ahorros, el impacto potencial en el mercado de capitales es muy grande", añadió. 

Hugo Perea, jefe de investigación del banco BBVA Perú, comenta que una menor cantidad de fondos complicaría el financiamiento de proyectos de infraestructura. "Los fondos privados son parte del ahorro nacional y han financiado inversiones de largo plazo. La rentabilidad de los últimos 20 años ha sido positiva", dijo Perea a BNamericas.

El financiamiento del propio gobierno también estaría en jaque. "Las AFP invierten en bonos de Tesoro. A una menor demanda, la tasa de interés que paga [el Estado] se eleva y afecta su presupuesto. Les da menos espacio para gastar no solo en infraestructura, sino en programas sociales", añadió Perea.