México aumenta cargos de transmisión y distribución para las generadoras privadas

La eléctrica estatal mexicana, CFE, anunció alzas de entre 428% y 811% en los cargos de alta, media y baja tensión que deberán pagar algunas generadoras privadas por el uso de líneas de transmisión y distribución de propiedad pública.

El anuncio se da a conocer apenas un día después de que representantes de la compañía criticaran un "mercado negro" que constituiría aprovechamiento de las reglas por parte del sector privado y que la habría costado a la empresa unos 22.800mn de pesos (US$1.050mn) en los últimos tres años.

La unidad de intermediación de contratos heredados de CFE publicó las nuevas tarifas de porteo el miércoles en el Diario Oficial, lo que concreta el anuncio del 28 de mayo del regulador de energía CRE de que se implementarían alzas en las tarifas a las generadoras privadas con contrato de autoabastecimiento adjudicado antes de la reforma energética de 2013, los denominados contratos heredados.

Como se indica en el Diario Oficial, la tarifa de transmisión de alta tensión aumentará de 0,049 pesos a 0,2785 pesos por kilovatio/hora, mientras que para media tensión subirá a 0,2586 pesos por kilovatio/hora, alzas respectivas de 468% y 428%.

La tarifa de baja tensión, por su parte, subirá 811%, de 0,09799 a 0,8928 pesos por kilovatio/hora.

El texto anunciado el miércoles no revela cuándo entrarán en vigencia estos nuevos cargos.

El martes, el director de comunicación corporativa de CFE, Luis Bravo Navarro, y el director de intermediación general de contratos legados, Mario Morales, se refirieron a estos contratos heredados en una conferencia de prensa virtual, en la que señalaron que la compañía podría perder cerca de 8.000mn de pesos por este concepto solo en 2020 con las tarifas anteriores.

Presumiblemente esta última medida sumará una nueva ola de recursos judiciales a los actuales procesos entablados por la industria contra las reglas introducidas a fines del año pasado para redefinir los términos de los certificados de energía limpia (CEL), y otras demandas contra la "política de fiabilidad" de la Secretaría de Energía (Sener) y el operador de la red nacional, Cenace, que tiene detenidas las pruebas operativas de 19 proyectos solares y eólicos por la crisis de COVID-19.