Mineras, gobierno y expertos se unen en llamado a modernizar licenciamiento de proyectos en Chile

Los actores de la industria minera coinciden en la urgencia de modernizar el sistema de trámite de permisos en Chile para facilitar el desarrollo de proyectos e incentivar la inversión.

Algunas las deficiencias que se le atribuyen al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) son los extensos plazos de trámite y la falta de coordinación entre distintos órganos del Estado.

“Se requieren entre 300 a 400 permisos para un solo proyecto. Esto hace que la tramitación ambiental antes de construir sea de 3 a 4 años, lo que se junta muchas veces con nuevas regulaciones que cambian las reglas del juego y una alta cuota de judicialización", planteó Eduardo Tagle, fiscal de Transelec, en una conferencia minera realizada por la fundación Encuentros del Futuro el miércoles.

Para terminar con la incertidumbre, Tagle considera vital crear una ventanilla única para agilizar los trámites e incluir una categoría de proyectos estratégicos y de interés nacional para dar prioridad a las iniciativas que contribuyen al crecimiento del país.

“Es cada vez más difícil gestionar un proyecto, tanto para la minería, infraestructura y energía. La normativa en Chile es antigua”, mencionó Rodrigo Castillo, director académico de la Universidad Adolfo Ibáñez en el evento.

Castillo considera que, de no reformarse el reglamento, seguirán apareciendo casos como el de la minera canadiense Teck, que esta semana retiró el proyecto de expansión del molino de Quebrada Blanca de la calificación ambiental para darse tiempo a responder a los comentarios del organismo evaluador. 

La decisión implicará una postergación de al menos 12 meses, señaló la minera en un comunicado.

“Es evidente que el tiempo que se demora un proyecto y los recursos que involucra efectivamente muestran niveles de ineficiencia importantes”, advirtió Aurora Williams, ministra de Minería en el evento. 

Sin embargo, la titular de la cartera puso de relieve la falta de practicidad que existe en la planificación de los proyectos y, en particular, mencionó la escasa infraestructura compartida que existe en la minería chilena.

“En el norte se están construyendo dos plantas desaladoras, una casi al lado de la otra. Faltan plantas multipropósito. Tenemos mucho que hacer desde el Estado y desde el aspecto regulatorio. El compromiso de[l presidente] Gabriel Boric es reducir los tiempos de tramitación de los permisos en un 30%, tanto en el área ambiental como en los permisos sectoriales, pero se debe avanzar en la colaboración para el desarrollo de los proyectos”, añadió Williams.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, valoró las intenciones del gobierno.

"El Ministerio de Economía está avanzando en reducir los permisos sectoriales y el royalty contiene una cláusula que apunta a reducir los tiempos de los permisos. Pero también hay una falta de personas para evaluar todos los proyectos y para realizar los diálogos con las comunidades", señaló.

Villarino se refirió al proyecto de ley que tiene la cartera de Economía para estandarizar el trámite de los permisos sectoriales no ambientales en los proyectos de inversión, dar más eficiencia a los procesos, velar por la proporcionalidad en el nivel de carga regulatoria y en los riesgos asociados a cada proyecto, además de reforzar la información y transparencia en la evaluación de permisos y flexibilizar algunas exigencias.

Para ello se implementaría gobernanza especial de supervisión, indicó el ministerio el mes pasado. “La reforma al SEA va en la línea correcta", manifestó Villarino.

Por su parte, la directora del SEA, Valentina Durán, se refirió a la compleja misión evaluadora. “Nos toca recibir a titulares de proyectos y a representantes de comunidades, donde cada uno tiene una postura distinta. Al menos existe consenso en la importancia de destrabar los nudos del sistema de evaluación”.

Durán destacó la inclusión en los lineamientos del SEA de los parámetros del Acuerdo de Escazú —que plantean proteger a los defensores del ambiente y la participación ciudadana en las decisiones ambientales— y de cambio climático y dio conocer una nueva herramienta digital.

El martes, “en una comisión mixta del Congreso se aprobó la implementación de una plataforma de interoperatividad que nos permitirá hacer una minería de datos con el foco en dar más certezas. En SEA tenemos sentido de urgencia”, aseguró.

Jorge Cantallops, director del Centro de Estudios del Cobre (Cesco) advirtió sobre la pérdida de recursos que genera la ralentización en la aprobación de proyectos.

“Por cada 100.000t menos [de producción] de un proyecto minero que se disputa, son US$100 millones menos que recibe el Estado, y en algunos años serán más. Necesitamos una mirada estratégica en que el Estado sea socio de esto y participe en la institucionalidad que analiza y aprueba. A medida que generamos más actividad, vamos a tener más recursos", comentó.

Existen 439 trámites que afectan el proceso de inversión, según un informe de la Comisión Nacional de Productividad. De estos, 309 pueden convertirse en una barrera para las inversiones, ya que requieren una calificación favorable de la autoridad cuyos fundamentos suelen ser la protección de la salud, del ambiente y del patrimonio fiscal, añade el documento.