Neutralidad en carbono: la paradoja de la constitución propuesta en Chile

El proyecto de constitución de Chile gira en gran medida en torno a la protección del ambiente y el combate a la crisis climática, pero podría obstaculizar los esfuerzos para continuar la transición a una economía más verde.

Algunos consideran que la propuesta de carta magna, aunque progresista, está mal redactada y contiene artículos que podrían generar inseguridad jurídica en áreas como derechos de propiedad y permisos, lo que abriría la puerta a disputas prolongadas y entorpecería la inversión climática.

Chile se ha fijado como meta lograr la neutralidad en carbono al 2050, lo que dependerá en gran medida de la continuidad del gasto tecnológico, principalmente en ámbitos como energía, transporte e industria. Paralelamente, el uso del suelo, incluida la industria forestal, deberá mantener su capacidad para mitigar las emisiones de carbono.

Luis Gonzales, coordinador económico de cambio climático, energía y medioambiente del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile (Clapes UC) llamó a la cautela.

“Tenemos la ambición para lograr esta meta, pero si erramos el camino, si nos equivocamos en el cómo, podemos quedar con más emisiones”, señaló Gonzales durante un webinar de Clapes UC.

Si bien el sector energético avanza a buen ritmo en la adopción de las energías renovables, las iniciativas tendientes a reducir emisiones en Chile hoy en día se ven obstaculizadas, por ejemplo, por un gran incremento en el consumo de gasolina y diésel de los motores de combustión interna.

Mientras tanto, los datos globales muestran que el crecimiento económico y el aumento de las emisiones de carbono per cápita dejaron de avanzar en paralelo a fines de la década de 1970 y que el avance de las emisiones per cápita se ha mantenido más o menos estable desde entonces.

“Ese desacople se puede lograr con la orientación y participación del Estado, pero principalmente del sector privado. ¿Por qué? Porque además hay recursos que son bastante demandados en otros sectores, como educación, salud, pensiones”, precisó Gonzáles.

Felipe Larraín, director de Clapes UC y exministro de Hacienda, mencionó la estrecha ventana de tiempo que tiene el mundo para limitar el calentamiento global y la necesidad de atraer capital privado. Las constituciones deben tratar de minimizar la inseguridad jurídica, que pueda enredar o disuadir la inversión, lo cual “en esta carrera contra el tiempo, es el peor de los caminos”, advierte Larraín.

El proyecto de constitución crea una oficina de protección de la naturaleza encargada de establecer acciones constitucionales y jurídicas cuando se infrinjan los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza. En una medida asociada, el número de tribunales ambientales crecería de 3 a 16, uno por cada región. Los artículos relacionados con la neutralidad en carbono dentro del proyecto establecen principios para una “acción climática justa” y asignan al Estado el deber de actuar en las esferas de prevención, adaptación y mitigación.

Este año se promulgó en Chile una ley de cambio climático cuyos principales objetivos son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y estimular la adaptación y mitigación del cambio climático. La legislación consagra la obligación de alcanzar neutralidad en carbono para 2050.

Rodrigo Álvarez, abogado y miembro de la Convención Constitucional que elaboró el proyecto de carta magna, aseguró que el medioambiente “siempre iba a ser, y fue, un tema cardinal de la discusión constituyente”.

Álvarez añadió que la complejidad y lenguaje del proyecto, junto con medidas contempladas como la transferencia de ciertos poderes, generarían una confusión legal.

“Creo que la única claridad que tenemos es que esto aumenta la judicialización, de manera muy importante, y esto va traer una consecuencia económica”, advirtió Álvarez, que además agregó que el desarrollo económico no es un tema transversal en el texto y que algunos constituyentes incluso abogaban por reducir la actividad económica.

“Probablemente, si se aprueba, vamos a pasar muchos años tratando de entender su funcionamiento, lo que dijo y lo que no dijo”.

Este año, el banco de inversión Morgan Stanley indicó que la exclusión de las propuestas menos ortodoxas debería reducir la incertidumbre política para el empresariado y dinamizar la inversión, mientras que la institución financiera JP Morgan recalcó el riesgo de incertidumbre sostenida y la necesidad —de aprobarse el borrador— de abordar el problema.

El 4 de septiembre, los votantes decidirán si aprueban o rechazan el proyecto constitucional, entre cuyos autores hay muchos sin formación jurídica. Si el electorado aprueba el texto, Chile tendrá nueva constitución; si lo rechaza, la carta magna vigente se mantendrá y los legisladores deberán decidir qué camino tomar. Las opciones son modificar el borrador o comenzar todo el proceso desde cero.

Pocos habrían pronosticado un escenario tan incierto en octubre de 2020, cuando casi un 80% votó por reemplazar la Constitución vigente, que nació durante la dictadura, pero fue desde entonces introduciendo varias reformas.

La gente salió a las calles a fines de 2019 para exigir mejoras en los servicios de salud, las pensiones y la educación, entre otras demandas. En un proceso impulsado por facciones y llamados de algunos constituyentes a desmantelar y reconstruir el sistema político y económico, el órgano dominado por integrantes de izquierda dedicó mucha energía a empujar cambios profundos, con amplia cobertura y repercusión mediática. Entre estos estuvieron la eliminación del Senado, la creación de sistemas paralelos de Justicia, la devolución de poderes y una propuesta, finalmente rechazada, de nacionalizar los recursos naturales.

Quienes apoyan el texto “maximalista” aseguran que fortalece los derechos sociales y la protección del ambiente. Quienes están en contra señalan que el documento no es lo que esperaban y que generaría división e inestabilidad.