Noboa busca frenar minería ilegal con zonas de “interés nacional”

El presidente Daniel Noboa espera que la Corte Constitucional de Ecuador avale las 20 preguntas de la consulta popular que planea realizar este año, entre las cuales se cuenta una ligada a su estrategia contra la minería ilegal.

La semana pasada, Noboa envió a la corte un paquete de 9 preguntas, que se unieron a las 11 que había remitido previamente.

Aún no existe una fecha para la consulta, pues dependerá del tiempo que tome la corte para dictaminar la constitucionalidad de las preguntas; sin embargo, analistas locales creen que podría celebrarse entre fines de marzo e inicios de abril.

Entre las preguntas adicionales están las relativas a permitir la extradición de ecuatorianos, despojar a los delincuentes de sus activos de origen ilícito, reformar las contrataciones y declarar zonas de “interés nacional” para combatir la minería ilegal.

Temas como el de la extradición y la confiscación a los delincuentes de sus bienes de origen ilícito son peticiones de diversos sectores.

Para combatir la minería ilegal, se preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo con que se declare a determinadas zonas como territorios de interés nacional, para evaluar, “por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras”.

Con esa medida se busca garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado.

Según Revista Plan V, la minería ilegal daría réditos por alrededor de US$1.000 millones al año.

En 2020, el Plan de Desarrollo Minero identificó 21 áreas con presencia de minería ilegal en el país, si bien el texto actual que justifica las preguntas menciona 4.

No obstante, no ha habido acciones efectivas para frenar la actividad, que se enfoca en la extracción de oro.

En el texto que justifica las preguntas enviadas a la corte se manifiesta que, en varios casos, la minería ilegal se desarrolla dentro de concesiones mineras, por ejemplo, en la provincia de Napo, donde se han suspendido 76 derechos de la pequeña minería.

“Existen varios casos de derechos mineros suspendidos por la extracción ilícita de recursos dentro de concesiones mineras, que pueden ser consensuados por los dueños de los terrenos. La explotación ilícita por parte o en complicidad con los titulares de los predios se da con el fin de evitar los trámites administrativos”, dice el texto.

La minería sin autorización dentro de una concesión puede convertirse en un tema administrativo y no necesariamente en un tema penal, que requiere atención prioritaria del Estado, añade.

El exviceministro de Minería Fernando Benalcázar dijo a BNamericas que el gobierno debería crear un consejo de control de minería ilegal porque, si en el país se continúa actuando con las mismas entidades que no han podido enfrentar el problema, la minería ilegal seguirá creciendo.

“Si vamos a seguir en esa misma línea no habrá ningún cambio con las zonas de interés nacional porque no se topan temas de fondo, como la corrupción. Si no se hace algo radical, la pregunta de la consulta no pasará de eso”, señala Benalcázar.

Añadió que prohibir actividades que se realizan adecuadamente contribuirá a generar mayor inseguridad jurídica, incertidumbre e inestabilidad política.