Propuesta de normativa ambiental pone en jaque proyectos de infraestructura de Bogotá

Un proyecto de resolución ambiental para normar la sabana de Bogotá como área de interés ecológico podría afectar a varias obras de infraestructura planeadas o en curso.

Según la propuesta, la normativa se aplicará en Bogotá y 39 municipios de la Sabana, que rodea a la capital colombiana.

El Ministerio de Ambiente abrió a consulta pública, hasta el 14 de marzo, los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana, los cuales establecen criterios obligatorios para la planificación territorial de los municipios de esta región a gran altitud.

Entre los proyectos que podrían verse afectados por quedar en predios en los que regiría la normativa están las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canoas y Salitre; el patio taller de la Línea 1 del metro de Bogotá, proyecto ahora en construcción; una parte de la Línea 2 del metro, ahora en licitación, y su patio taller; una parte del trazado de la Línea 3 del metro, que se encuentra en estudio de prefactibilidad; y la asociación público-privada El Dorado EdMax por la ampliación del aeropuerto capitalino, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en una rueda de prensa difundida por Facebook.

La propuesta también podría incidir en el futuro tren ligero Regiotram de Occidente; las secciones norte, centro y sur de la autopista ALO, que no podría continuar; la remodelación de la avenida Suba-Cota; el teleférico La Calera; el troncal de la calle 13; y el corredor de la Carrera Séptima, entre otras iniciativas.  

El alcalde solicitó al Ministerio de Ambiente el retiro del proyecto de resolución para que se abra un proceso de diálogo que tenga en cuenta a los diferentes entes territoriales y a la ciudadanía.

Señaló además que, si no se suspende la resolución, se afectarían incluso resoluciones judiciales, como la del Consejo de Estado, que ordenó la construcción de la PTAR Canoas.

“Iremos a las instancias necesarias para proteger los derechos de los bogotanos, la autonomía territorial y la institucionalidad de Bogotá”, dijo Galán.

Mientras tanto, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, departamento que circunda a Bogotá Distrito Capital, pidió ampliar el periodo de observaciones para evaluar con mayor profundidad los posibles impactos de la medida.

"Es necesario eliminar ambigüedades en lo que corresponde a las nuevas competencias asignadas a las autoridades ambientales, para evitar retrasos en las aprobaciones de proyectos de infraestructura estratégica y definir cómo se les garantizaría a los municipios la posibilidad de opinar y proponer esquemas alternativos de ocupación de su territorio. Actualmente, los lineamientos son tan universales y restrictivos que los municipios no podrían más que adoptarlos, sin ningún margen de autodeterminación", señaló Rey en su cuenta de la red social X.

La sabana de Bogotá es una región ubicada en la cordillera Oriental que alberga un sistema de lagunas naturales y ciénegas que funcionan como reguladores de la humedad. Según el Ministerio de Ambiente, la sabana cubre 580.000 ha y tiene más de 3.000 especies de fauna y más de 5.000 tipos de plantas. Asimismo, cubre 41.031 ha de humedales, de las cuales 1.687 ha son naturales.

La normativa

El proyecto de resolución fue emitido por la exministra de Ambiente Susana Muhamad. En una entrevista radial, explicó que el proyecto se basa en la legislación vigente y que busca proteger la sabana de Bogotá, declarada zona de interés ecológico nacional hace 30 años.

“La resolución no detiene ninguna obra, lo que hace es generar lineamientos y proteger ecosistemas claves, trabajar para que se restauren esos ecosistemas y protegiendo los suelos agrícolas”, dijo Muhamad.

Para la aplicación de los lineamientos se contemplan cuatro tipos de áreas: de especial importancia ambiental, rurales, urbanas y compatibles con minería.

Los resultados de la consulta iniciada por el ministerio no son vinculantes, por lo que diversos sectores creen que finalmente la normativa se pondrá en vigencia, como ha sucedido en otros casos.

El concejal Daniel Briceño dijo en su cuenta en X que “la saliente ministra de Ambiente decidió con el reglamento enterrar cualquier progreso en materia de infraestructura, energética y económica” pues, entre otras cosas, prohíbe la construcción en las actuales zonas rurales, la construcción o industrialización en zonas cercanas a humedales, acuíferos y bosques, y la explotación minera en ciertas zonas. Además, restringe la instalación de nuevas redes eléctricas, pero, sobre todo, paraliza muchos proyectos en Bogotá y Cundinamarca.