Nueva administración de Guatemala revisará principales contratos de infraestructura

La nueva administración de Guatemala, encabezada por el presidente Bernardo Arévalo, está analizando contratos y procesos de las mayores obras de infraestructura aprobadas por el gobierno de su predecesor, Alejandro Giammettei.

El análisis lo lleva a cabo un grupo de abogados, auditores y personal de la Contraloría General, pero no necesariamente se paralizarán las obras afectadas, dijo la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, según el medio Prensa Libre.

Una posible víctima de la revisión es el primer contrato de asociación público-privada del país, para la rehabilitación de la autopista portuaria Escuintla-Quetzal.

La terminación anticipada “es casi un hecho”, señaló a BNamericas el legislador Carlos Alberto Barreda, miembro de la comisión de probidad y transparencia de la Cámara Baja.

El contrato obtuvo aprobación del Congreso en noviembre de 2021 y se firmó con el consorcio Convia, integrado por la mexicana Marhnos y el guatemalteco Grupo Precon, un año después. Sin embargo, las obras no comenzaron porque el ministerio rechazó varias veces los estudios de ingeniería previos a la construcción.

“Ahora hay que aplicar la cancelación anticipada. ¿Qué pasó ahí? No sabemos, pero habrá que investigar qué es lo que está pasando y demandar a la empresa mexicana y funcionarios involucrados en esta estafa al Estado de Guatemala. Aquí está involucrado el exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, que tendrá que ser investigado por las autoridades”, afirmó Barreda en un video publicado en las redes sociales el martes.

Al cierre de esta edición, no fue posible conocer las impresiones de Convía.

El presidente del consorcio, Sandro Testelli, manifestó a BNamericas en diciembre que había opciones disponibles en caso de que surgieran problemas con el contrato, aunque cualquier elección impactaría negativamente la evaluación de entidades financieras e internacionales, incluidas las agencias calificadoras.

“El contrato nos permite abarcar distintas instancias de conciliación y, en caso contrario, pudiéramos elevarlo a un tema de un arbitraje en ámbitos internacionales, que no es lo que estamos buscando, ya que llevamos cinco años y medio en este proyecto”, explicó Testelli.

Además, medios locales informaron el martes que De la Vega dijo a los legisladores que el gobierno detuvo la construcción del puente vehicular Belice II, de US$220 millones, a raíz de supuestas irregularidades. Las obras han sufrido retrasado y problemas desde que la Dirección General de Carreteras (DGC) adjudicó el contrato a Grupo Muratori, en octubre de 2022.

La mayoría de los inconvenientes se refieren a los derechos de servidumbre compartidos con ferrovías. De la Vega explicó que faltaban algunos derechos de servidumbre y alegó que Muratori no realizaba las obras estipuladas en el contrato, como el traslado de cables de alta tensión y postes.

El análisis durará dos semanas, pero antes de que se tome una decisión, funcionarios del ministerio y de la empresa se reunirán y determinarán los próximos pasos debido al “incumplimiento de la primera etapa”.