Nueva legislación y huelga en Peñasquito afectan minería en México

Las dificultades derivadas de las nuevas normas mineras y la huelga en la mina de oro y plata Peñasquito (en la foto) a partir de junio figuraron entre los factores limitantes para el sector en el segundo trimestre, según el banco central (Banxico). 

La minería no petrolera solo creció ligeramente en enero y febrero, pero ha registrado caídas mensuales desde marzo. En junio se reportó un decremento de 2,8%, que se profundizó en julio a 2,9%, según el indicador mensual de actividad industrial de la agencia de estadísticas Inegi. 

Ejecutivos de mineras encuestados para el reporte trimestral de economías regionales identificaron  como limitantes de la actividad “las dificultades impuestas por la nueva legislación minera en México para transferir y obtener concesiones, la reducción en su vigencia y la eliminación de la posibilidad de realizar exploración por parte de las empresas, ya que el Servicio Geológico Mexicano [SGM] será el único autorizado para llevar a cabo esa tarea”.

“Además, mencionaron la dificultad para obtener nuevas concesiones y permisos ambientales expedidos por el Gobierno Federal para emprender actividades de exploración por parte de particulares”, indicó Banxico en el reporte.

El mes pasado, Armando Ortega, presidente del grupo de trabajo de minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham), advirtió que las autoridades administrativas de ciertas regiones están aplicando la nueva legislación minera de manera retroactiva, lo que restringe proyectos de exploración en marcha de concesionarias que ya cuentan con un título.

Ortega, expresidente de CanCham en México, precisó a BNamericas que los trámites que se están condicionando a la legislación que entró en vigor en mayo son, principalmente, la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA), a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), y del cambio de uso de suelo por parte de la Comisión Nacional Forestal, que depende de la misma cartera.

Fuentes de la industria han dicho a BNamericas que cada vez es más frecuente que compañías que ya poseen una concesión acudan a dependencias de la Semarnat para tramitar sus MIA y esta les responda que antes deben ir a la Secretaría de Economía para que, a su vez, esta instruya al SGM a celebrar un convenio de colaboración de hasta cinco años con la empresa.

Antes, la cámara minera Camimex instó a “resolver el retraso generalizado en las respuestas a las solicitudes de permisos ambientales” y destacó la necesidad de que las compañías cumplan con la normatividad y operen de manera responsable.

Los ejecutivos consultados de todas las regiones también mencionaron que “el valor de sus ventas se vio afectado por las caídas en los precios internacionales de algunos metales industriales, particularmente el cobre, el zinc, el plomo y el hierro, a lo cual se sumó una disminución de dicho valor en pesos por la apreciación de esa moneda frente al dólar”.

El informe indica además que, en la región centro-norte del país, las fuentes consultadas pusieron énfasis en “los conflictos laborales en diversas minas de la región”. 

“Esta situación ha resultado en la interrupción, desde junio, de las operaciones en una de las minas de mayor relevancia en la producción nacional de oro, plata, plomo y zinc, ubicada en Zacatecas”, agregó el reporte, en referencia a Minera Peñasquito, filial de la estadounidense Newmont, sin mencionar su nombre. 

El 7 de junio, unos 2.000 afiliados al sindicato de trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos liderado por el también senador Napoleón Gómez Urrutia votaron por irse a paro tras denunciar incumplimiento de pagos y del contrato colectivo suscrito en junio de 2022, que la empresa ha negado reiteradamente. 

De acuerdo con datos de Camimex, Peñasquito produjo 566.000oz de oro y 29,7 millones de onzas de plata el año pasado, lo que la colocó como la principal unidad productora de ambos metales preciosos.

En la región centro-norte, los consultados por el Banco Central resaltaron asimismo la mayor complejidad para conseguir permisos ambientales al requerirse la aprobación de ejidos y grupos asentados para su obtención. 

“Además, los trámites que se tenían en curso fueron cancelados de forma definitiva, generando incertidumbre, lo que llevó a empresas extranjeras a disminuir sus inversiones”, indica el reporte. 

Minera Peñasquito calculó a fines de año que las pérdidas acumuladas de la huelga ascienden a US$562 millones. Agregó que el paro reducirá en 25% la producción anual prevista en la mina, lo que la llevó a reiterar que no reportará utilidades este año y a “revisar críticamente” sus inversiones en México. 

Algunos de los ejecutivos citados por el Banco Central señalaron como factor limitante de la actividad los costos generados por la inseguridad, en particular, en minas ubicadas en zonas rurales.