Nueva ola de conflictos amenaza con retrasar obras de expansión en Las Bambas

La minera peruana Las Bambas, controlada por la firma de capitales chinos MMG, está enfrentando una nueva ola de conflictos sociales en la Región Apurímac por la oposición a la construcción de Chalcobamba, nuevo tajo cuprífero de US$130 millones, sin que se vislumbren soluciones a corto plazo.

En los últimos días, organizaciones sociales han denunciado represión policial luego de manifestaciones contra Las Bambas por reclamos de contaminación de fuentes de agua y tronaduras.

La comunidad campesina Huancuire, que abandonó el área donde se construye Chalcobamba después de firmar un acuerdo con la empresa, denuncia que se han realizados trabajos no autorizados cerca de la quebrada Pichaqani y que las voladuras están generando efectos no contemplados en el estudio de impacto ambiental aprobado. En respuesta, decidió convocar un paro.

“La fiscalía especializada en medioambiente de Abancay ha dispuesto la realización de diligencias preliminares en contra de Las Bambas por el presunto delito de contaminación ambiental”, señala la comunidad en un comunicado. “Demandamos el respeto de seguir utilizando los pastizales del área de Chalcobamba para fines de alimentación de nuestros animales, así como el tránsito por los caminos de herradura que atraviesan el proyecto”.

CHALCOBAMBA

Con la construcción de Chalcobamba, Las Bambas espera subir la producción a 350.000-400.000t anuales de cobre. La proyección para 2024 oscila entre 280.000t y 320.000t, según MMG.

Si bien el término de los trabajos del tajo estaba previsto para julio o agosto de este año, ejecutivos de la empresa señalaron que la entrada en plena operación se espera para fines de 2024.

Sin embargo, para estos pronósticos hubo negociaciones con empresas comunales que se encargarán de trabajos preliminares, aunque el acuerdo de largo plazo (licencia social) sigue pendiente pese a todos los permisos legales.

Ahora, con el paro y las denuncias de abuso policial, se anticipan nuevos retrasos hasta que se atiendan las denuncias de contaminación ambiental y las protestas.

“Exigimos la desmovilización de todas las fuerzas policiales ubicadas dentro del proyecto Las Bambas, con cargo de ser responsable político por la afectación de la vida e integridad de los comuneros”, señala la comunidad Hauncuire en el comunicado.

Según periodista local Paolo Benza, la empresa tiene un convenio con la Policía Nacional del Perú para proteger sus operaciones.

Once personas resultaron heridas en el último enfrentamiento entre comuneros y agentes policiales y el Gobierno peruano volvió a extender el Estado de emergencia declarado para controlar los conflictos entre la minera y las comunidades, estrategia que no ha sido eficaz por la recurrencia de los problemas.

RESPUESTA

Consultada por BNamericas, la compañía señaló que los enfrentamientos ocurrieron entre policías y mineros ilegales de la comunidad Pumamarca, que opera cerca al tajo de Ferrobamba, principal yacimiento de Las Bambas. La empresa asegura que extraen cobre de manera ilegal.

"Los ataques de mineros ilegales son una respuesta por el operativo de interdicción contra la minería ilegal realizado el 30 de mayo por la Policía Nacional y el Ministerio Público en el predio Sallahui, propiedad de Las Bambas, donde se incautaron explosivos y equipos y se descubrió un socavón de 250m lineales", declaró la compañía.

Las operaciones de Las Bambas no se han visto interrumpidas por el momento, pero “preocupa la escalada de violencia que amenaza con la continuidad de éstas”.

En lo que corresponde a las acusaciones de contaminación ambiental, Las Bambas asegura que no han recibido notificaciones del organismo de fiscalización ambiental OEFA.

"En caso de recibir tal notificación, Las Bambas se compromete a presentar oportunamente los descargos correspondientes y colaborar plenamente con las autoridades para aclarar cualquier duda", agregó.