Panorama de Centro- y Sudamérica: contraprestaciones, investigación, uso de satélites y más

CONTRAPRESTACIÓN

El Ministerio de TIC de Colombia estudia una actualización de la contraprestación periódica única, correspondiente al 1,9% sobre los ingresos brutos y pagada por operadores de servicios de telecomunicaciones, televisión y radiodifusión audiovisual y sonora.

La obligación se introdujo en 2020.

INVESTIGACIÓN

La Procuraduría General de Colombia comenzó a indagar a funcionarios de la empresa de telecomunicaciones ETB por presunto detrimento patrimonial en un negocio de 23.800 millones de pesos (US$5.760 millones) ligado al proyecto de centro de datos Alma.

El organismo investiga si hubo anomalías en la planeación, construcción e implementación del proyecto.

COMPETENCIA 

Panamá analizará si el mercado requiere un tercer operador de telecomunicaciones, luego de la consolidación del mercado tras la salida de Digicel y el fracaso de la licitación para buscar un reemplazo.

De acuerdo con la legislación local, el mercado debe contar con al menos tres actores, pero actualmente en Panamá operan Tigo y Más Móvil, de Cable & Wireless Panamá.

“Ese segmento que deja la tercera empresa tendrá que ser revisado por las entidades rectoras de estos temas”, dijo el presidente José Raúl Mulino en declaraciones a la prensa local.

SATÉLITES 

El regulador brasileño Anatel actualizó los requisitos técnicos y operacionales para el uso de satélites para flexibilizar la canalización asociada a la prestación del servicio limitado privado (SLP) por medio de infraestructura satelital.

El SLP incluye aplicaciones científicas como captación de datos científicos y meteorológicos, operación espacial e investigación.

FONDO

El Ministerio de Comunicaciones de Brasil nominó cuatro nuevos consejeros para el consejo gestor del fondo universal de servicios de telecomunicaciones FUST.

El mandato de los consejeros comenzó el 5 de mayo, pero el ministerio recién dio a conocer sus nombres el 2 de agosto.

Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari y Daniela Lopes Martins participarán a nombre de los prestadores por dos años, mientras que la sociedad civil tendrá como representantes a Rosilda Santos Rachadel Prates y Antonio Carlos Tiecher Porto por tres años.

El fondo se financia con el 1% de los ingresos brutos de los operadores y entre este año y 2026 recibirá un aporte de 2.900 millones de reales.