Panorama del Cono Sur: proyectos eléctricos, soterramiento de cables, capacidad de la red y venta de Impsa

PROYECTOS DE ENERGÍA

La agencia de evaluación ambiental de Chile, SEA, recibió dos proyectos eléctricos por más de US$100 millones en los últimos días.

El más grande es el de almacenamiento de energía de US$95 millones Alianza, en la norteña Región de Atacama.

Orion Power contempla comenzar en septiembre de 2025 la construcción de proyecto, el cual supone la instalación de 90MW de capacidad de almacenamiento en baterías.

Esta es la segunda vez que Alianza ingresa al sistema, luego de que la agencia evaluadora finalizara la tramitación de manera anticipada la primera vez tras señalar que faltaba información.

El otro proyecto, valorado en US$12 millones, comprende la rehabilitación y ampliación de la capacidad de la hidroeléctrica de pasada de 380kW Los Maquis, situada en la sureña Región de Aysén. La planta ha estado fuera de servicio durante unos 30 años.

Con el proyecto, Saesa tiene contemplado elevar la capacidad a 1MW para sustituir la generación con combustibles fósiles y apoyar una mayor electrificación en la comuna de Chile Chico, particularmente estimulando el uso de unidades de calefacción eléctricas para reducir a su vez la quema de madera y la contaminación atmosférica asociada.

Las obras del proyecto comenzarán en octubre de 2025, y la planta se conectaría a la red de distribución.

CABLES AÉREOS

Senadores chilenos presentaron a debate un proyecto de ley que obligaría el soterramiento de cables de electricidad y telecomunicaciones.

La propuesta, que conllevaría superar importantes obstáculos de viabilidad financiera, es diseñada después de que un vendaval pocas veces visto afectara la red de distribución en varias zonas del país este año, lo que generó pedidos para que la red sea más resistente.

Las concesionarias y los proveedores de servicios tendrían hasta cuatro años para soterrar el 100% de los cables en zonas densamente pobladas. En el caso de áreas rurales, el plazo sería de diez años.

El proyecto establece que se podrían conceder exenciones temporales y permanentes en caso de que el soterramiento no sea técnica o económicamente viable, cuando no se recomiende por razones geológicas o ambientales o cuando el trabajo pueda dañar áreas de conservación.

El costo de la obra correría a cargo de las empresas, que no podrían transferirlo a los usuarios finales, según la propuesta.

En la actualidad, las distribuidoras reciben como pago una tarifa regulada destinada ante todo a dar mantenimiento y restablecer los servicios y facturar a los usuarios finales.

En diversas zonas urbanas hay muchos cables tendidos entre postes que están muy enredados.

El soterramiento de cables de forma retroactiva puede costar varios millones de dólares por kilómetro.

MATER

Argentina modificó la base de datos conocida como Anexo 3, que contiene la capacidad disponible para el despacho prioritario de transmisión.

El documento está disponible en el sitio web del administrador del mercado eléctrico mayorista, Cammesa, el cual tiene en marcha una subasta de capacidad de despacho prioritario de transmisión, correspondiente al tercer trimestre de 2024.

Las solicitudes pueden prestarse hasta el 25 de octubre y se asignará capacidad el 25 de noviembre.

Los proyectos de energías renovables buscan prioridad de despacho para participar en el mercado a término Mater, donde empresas como las generadoras de energías renovables venden su producción a compradores como las manufactureras.

La falta de capacidad de transmisión disponible constituye un freno para la constante instalación de grandes parques eólicos y solares en Argentina.

IMPSA

El Gobierno Federal de Argentina y la provincia de Mendoza iniciaron la venta de sus acciones en la empresa de infraestructura energética mendocina Impsa.

Las ofertas pueden entregarse hasta el 31 de octubre, según un aviso publicado en el Diario Oficial federal. Impsa tiene una deuda de alrededor de US$500 millones.

El Congreso de Mendoza acaba de autorizar la transferencia de las acciones que la provincia tiene en la empresa.

El Gobierno Federal controla el 63,7% de la compañía; Mendoza, un 21,2%; los acreedores, un 9,78%; y la familia fundadora Pescarmona, un 5,26%.

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