Panorama del Cono Sur: venta de participación en Impsa y preocupación sobre costos de transmisión

VENTA DE IMPSA

La provincia argentina de Mendoza dijo que salvar a la empresa de infraestructura energética Impsa sigue siendo una prioridad.

En este momento se está ofreciendo Impsa, de propiedad mayoritaria de la provincia y del Gobierno Nacional, al presentar una carga de deuda de US$500 millones.

Un proyecto de ley que autoriza la transferencia de las acciones de Mendoza avanzó en el congreso provincial. Los funcionarios establecieron una sala de datos para oferentes.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que la empresa necesitaba operar bajo la “lógica privada” y reestructurar su deuda para obtener nuevos contratos, según un comunicado del gobierno provincial.

Con alrededor de 700 empleados, Impsa exporta cerca del 85% de su producción, soluciones para los sectores de generación de energía eléctrica e hidrocarburos.

El Gobierno Nacional controla el 63,7% de la firma; Mendoza, el 21,2% (tras un pago de US$5 millones); los acreedores, un 9,78%; y la familia fundadora Pescarmona, un 5,26%.

Según la prensa local, el principal interesado en adquirir el 100% de Impsa es la estadounidense Arc Energy.

El Gobierno Nacional también necesitaría luz verde del Congreso para desprenderse de su participación.

PREOCUPACIONES SOBRE TRANSMISIÓN

El coordinador de la red eléctrica de Chile, CEN, envió una carta al ministro de Energía, Diego Pardow, para expresar su preocupación por la infraestructura de transmisión.

Un “número significativo” de obras se encuentra en el limbo tras ser subastadas por falta de oferentes o porque las propuestas recibidas superaron los precios de reserva establecidos por la agencia de planificación energética, CNE.

Según la carta, las autoridades han sido testigos de un aumento de los costos de desarrollo de la transmisión ante la inflación derivada de la pandemia y del conflicto entre Ucrania y Rusia, la demanda en las cadenas de suministro y el alza de los componentes locales.

“Estas mismas razones generan un desajuste con los valores de reserva definidos por la CNE, lo que ha llevado a que licitaciones sean declaradas desiertas incluso cuando se han recibido ofertas”, añade.

Además, desde 2021 se han abandonado proyectos de ampliación de infraestructura. Las constructoras explican esta decisión principalmente por los mayores costos de construcción.

La tendencia se podría observar en las próximas subastas, advierte. La CEN tiene en marcha tres subastas. Lo último fue la apertura de las ofertas correspondientes a la primera subasta de 2024.

Al resaltar que los retrasos en los proyectos obstaculizan el desarrollo económico en algunas zonas y ante una mayor electrificación de la demanda, CEN recomienda medidas correctivas:

• Actualizar los valores de referencia de inversión (estimación de costos) de los proyectos que se volverán a subastar, de acuerdo con los precios vigentes del mercado.
• Incorporar una fórmula de indexación durante el período comprendido entre las fechas de adjudicación y de finalización de la obra, que abarque los costos de materiales, divisas y mano de obra.
• Definir los valores de reserva de las obras sobre la base de los costos vigentes en el mercado al momento de la adjudicación.

En una encuesta encargada por Acenor, la asociación de clientes de electricidad no regulados de Chile, el 53% mencionó los cargos de transmisión como una de las tres principales razones detrás de los aumentos en los precios que pagan por su energía. Las otras son los cargos sistémicos o pagos secundarios y los cargos por servicios públicos.

El aumento de los costos de suministro es la principal preocupación de los clientes de electricidad no regulada en Chile, según una de las conclusiones del estudio realizado por la consultora In-Data.