Panorama regulatorio: exportaciones de carbón, minería ilegal, permisos y reservas naturales

PROHIBICIÓN DE EXPORTACIONES DE CARBÓN

El Consejo de Estado de Colombia revisará un decreto emitido por el presidente Gustavo Petro para prohibir las exportaciones de carbón a Israel a fin de determinar su validez legal.

Al anunciar que la entidad acogió el recurso legal contra el decreto, el senador Miguel Uribe, del partido de derecha Centro Democrático, señaló en un video en la red social X que esperaba que se aprobaran “las medidas cautelares para que los efectos nefastos de este decreto se suspendan de manera inmediata”.

Petro firmó el decreto el 14 de agosto en medio del conflicto israelí-palestino.

Según la federación de productores Fenalcarbón, la prohibición implica que Colombia deje de percibir alrededor de US$470 millones en promedio al año. Adicionalmente, se afectan US$154 millones en impuestos, regalías y contraprestaciones económicas para varias regiones del país, sobre todo La Guajira y Cesar, principales productoras de carbón térmico con destino a Israel. Siga leyendo

PENAS MÁS DURAS POR MINERÍA ILEGAL

La comisión de ambiente y desarrollo sostenible de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que endurecería las penas para la minería ilegal, con sentencias más severas para los financistas y la invasión de tierras indígenas.

En la actualidad, la minería ilegal o la no reparación de los daños causados conlleva una pena de prisión de hasta un año, pero el proyecto de ley que se examina pretende duplicar esta sanción si la actividad se lleva a cabo en zonas indígenas.

Los responsables de la financiación podrían ir a la cárcel por hasta tres años, indicó la Cámara Baja en un comunicado.

Además, el proyecto endurece las condenas por prácticas que pongan en peligro la vida y la salud, causen un impacto medioambiental significativo, impliquen el uso de maquinaria pesada o supongan amenazas con armas.

Dos comisiones más deben aprobar el proyecto de ley antes de que pueda pasar al Senado y promulgarse. No se revelaron plazos. Siga leyendo

PROYECTO PARA AGILIZAR PERMISOS SECTORIALES

El proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales continúa avanzando en el Congreso con un sólido respaldo.

La finalidad de la propuesta legislativa es agilizar la entrega de permisos a proyectos de inversión y terminar con los dilatados procesos de evaluación, la falta de certeza jurídica y la inexistencia de información centralizada.

La iniciativa del gobierno, que reduciría una carga regulatoria que actualmente abarca más de 380 autorizaciones en 37 servicios públicos distintos, ya cuenta con la aprobación de las comisiones de economía y hacienda de la Cámara de Diputados y está lista para su revisión en la sala plenaria antes de ingresar a debate en el Senado.

De aprobarse, el plazo promedio de tramitación de proyectos de explotación minera se reduciría de 9 años y 2 meses a 5 años y 11 meses, mientras que para las desaladoras pasaría de 8 años y 1 mes a 6 años, indica un informe de la comisión de hacienda publicado esta semana. Siga leyendo

ZONAS DE RESERVA NATURAL

El Consejo de Estado de Colombia ratificó el Decreto 044 que autoriza al Ministerio de Ambiente a crear zonas de reserva natural, pero la medida suscita inquietud en el sector minero.

Los expertos temen que la ambigüedad que existe hasta ahora sobre la aplicación concreta del dictamen pueda entrabar la certificación de la autoridad ambiental para propuestas de contratos de concesión y otros trámites que se requieren para diversos proyectos mineros.

En virtud del decreto, el Ejecutivo debiera definir los criterios técnicos para establecer si en ciertas zonas ha habido deficiencias o vacíos de protección ambiental respecto a actividades mineras, así como las condiciones y estándares de protección ambiental. También debe delimitar las zonas con valor ecosistémico que ameriten conservación y las fuentes de agua que requieren esfuerzos adicionales de protección, entre otros aspectos. Siga leyendo

RECHAZO DE LA EXPROPIACIÓN

Un grupo de senadores demócratas y republicanos estadounidenses impulsa una legislación que busca presionar el Gobierno mexicano a dar marcha atrás a las medidas para apoderarse de un puerto y una cantera de la empresa estadounidense Vulcan Materials en el estado de Quintana Roo.

Los legisladores denunciaron en un comunicado el lunes que tales medidas constituyen una “flagrante violación” del acuerdo comercial T-MEC, el cual se someterá a revisión en 2026.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador promulgó un decreto que crea una nueva “área natural protegida” en Quintana Roo con una extensión de más de 53.000ha, entre las que se incluye la cantera de piedra caliza de Vulcan en Playa del Carmen.

El decreto, publicado en el Diario Oficial el lunes, apela al artículo 27 de la Constitución, según el cual “la nación tendrá en todo momento el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”. Siga leyendo