Perú extiende cronograma para convocatoria de concesión de gas

La agencia estatal peruana ProInversión volvió a extender el cronograma de licitación por la concesión para distribuir gas natural en siete regiones de la zona sureste del país.

Las ofertas por el contrato a 32 años debían presentarse el 19 de marzo, pero ahora está previsto que se reciban 30 días calendario después de que se envíe la versión final del contrato a los posibles postores el 23 de abril.

ProInversión también publicó modificaciones a la versión final del contrato, sujetas a revisión por parte de las autoridades competentes.

Anteriormente, Cálidda, que distribuye gas natural a la capital, Lima, y la vecina ciudad portuaria del Callao, Consorcio Wapsi Perú (LNG Holding- China Gezhouba Group) y la estatal de hidrocarburos de Bolivia, YPFB, calificaron para participar.

La concesión abarcaría las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali.

El gasto de capital estimado es de US$200mn y el plan de trabajo mínimo contempla un poco más de 113.000 conexiones en un período de ocho años, y el suministro provendrá de GNL, GNC y/o tuberías conectadas a un sistema de transporte o producción.

Los críticos, sin embargo, apuntan a la falta de una base industrial en el área de cobertura y la necesidad de mayor claridad en cuanto a disponibilidad y tarifas de gas.

Además, la pandemia ha impactado la convocatoria –emitida en 2014– y en septiembre las firmas calificadas solicitaron una prórroga por el COVID-19.

“No queremos pasar por el modelo de Arequipa, Moquegua, Tacna, queremos un proceso más rentable”, dijo en los últimos días el gobernador de la Región Cusco, Jean Paul Benavente García, durante una conferencia sobre seguridad energética.

Benavente hizo el comentario en referencia al retiro de Naturgy de la distribución de gas para las tres regiones que ahora está siendo administrada temporalmente por la estatal Petroperú.

Sobre el dilatado proceso, el colega panelista y exdirector de Petroperú Humberto Campodónico manifestó que “no hay la suficiente cantidad de rentabilidad económico para esto, tiene que ser abordado por el estado como un proyecto de agua potable, de luz”.

En las últimas semanas, el gobierno aprobó el uso del fondo de inclusión energética social FISE para nueva infraestructura de distribución de gas.

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