Perú sigue adelante con formalización minera

El Gobierno peruano acelera sus tratativas para formalizar el creciente número de pequeños mineros atraídos al sector informal por los altos precios del oro, mientras que incidentes violentos en áreas de explotación ilegal generalizada en países vecinos ponen de relieve los peligros que enfrenta la región.

El jefe de Gabinete, César Villanueva, y el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se comprometieron a mejorar el ampliamente criticado proceso de formalización luego de reunirse con 100 dirigentes de la pequeña minería en las oficinas del ministerio en Lima.

"Vamos a cubrir, ojalá en estos tres años, la formalización del mayor porcentaje que podamos", señaló Villanueva en un comunicado. "Tratamos que el mecanismo de formalización sea lo más adecuado, funcional y sencillo posible, porque el gran reto no está solamente en ser formal, está en crecer luego de la formalización".

El gobierno, que ha logrado inscribir a 55.549 pequeños mineros hasta la fecha, acaba de otorgar la primera autorización para productores informales de oro en la Región Apurímac, según el ministerio.

Un grupo de 68 mineros constituyó la empresa Santa Cruz de Piscoya para extraer oro en la concesión Chanca 195 en la provincia de Aymaraes, informó el ministerio en otro comunicado.

El gobierno estima que hay hasta 400.000 mineros informales, que facturan cerca de US$3.000mn anuales. En 2016 explotaron alrededor del 20% de las 153t de oro que produjo Perú. La autoridad fiscal Sunat ha incautado al menos 2t de oro producido ilegalmente desde 2011.

SITUACIÓN REGIONAL

Los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia han dado inicio a acciones conjuntas en los últimos años para combatir la minería ilegal en sus áreas fronterizas, a la que se le responsabiliza de contaminación, deforestación, corrupción y lavado de dinero. Se cree que la minería ilegal genera ingresos por US$200.000mn en todo el mundo, según la Iniciativa Oro Responsable.

En Bolivia, enfrentamientos entre mineros ilegales y cooperativas por concesiones mineras dejaron al menos una persona muerta en el departamento de La Paz, informó el periódico local Página Siete.

En Colombia, mientras tanto, tres agentes fueron asesinados a tiros en una zona del departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, dominada por la minería ilegal y el narcotráfico en que participarían rebeldes disidentes de las FARC, informó el diario El Universo. La pequeña minería representa el 70% de las operaciones en el país, donde se estima que operan unos 133.000 mineros informales.

Por último, en Guyana, la empresa estatal de aguas GWI planea emplear drones para impedir que faenas mineras ilegales sigan dañando los acueductos en la región de Mahdia, señaló su presidente ejecutivo, Richard Van West-Charles. Los mineros ilegales han causado más de 100 filtraciones y US$2mn en daños a instalaciones de GWI hasta la fecha, según el sitio web capitalino Stabroek News.