Plan de refinería pública-privada desata polémica en Ecuador

El plan del Gobierno ecuatoriano de transferir la operación de la refinería Esmeraldas de 110.000b/d (en la foto) al sector privado podría conducir a su privatización.

Ese fue el consenso al que llegaron algunos opositores a la propuesta durante un debate dirigido por el grupo parlamentario de derechos de los trabajadores y la seguridad social de la Asamblea Nacional.

A principios de este mes, el presidente Lenín Moreno firmó un decreto ejecutivo autorizando de forma excepcional la gestión conjunta excepcional de la planta entre la estatal Petroecuador y un socio privado.

Según la coordinadora del grupo, Liliana Durán, el plan abriría los sectores estratégicos del país a la privatización y se produce en medio de la peor crisis política, económica y sanitaria que ha enfrentado el país, informó el cuerpo legislativo.

El experto en hidrocarburos y analista constitucional Augusto Tandazo compartió la opinión de Durán y agregó que este tipo de delegación o gestión conjunta no existe en el marco regulatorio de Ecuador.

Por su parte, Patricio Quintero y Manny Castillo, representantes de los trabajadores de Esmeraldas, plantearon inquietudes laborales y Guillermo Neira, a nombre de los empleados de la refinería La Libertad de 45.000b/d de Petroecuador, afirmó que los trabajadores no se han incluido en este tipo de toma de decisiones.

El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, descartó la privatización y destacó que los activos permanecerían en manos del estado. La autoridad hizo hincapié en que el decreto se basa en los artículos de la Constitución y el código orgánico de producción, comercio e inversión.

“El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley", consigna la Constitución ecuatoriana.

Además, el código orgánico permite al Estado delegar la gestión de sectores estratégicos "cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas".

Los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, Osvaldo Sáenz y Gonzalo Lascano, señalaron que el Estado no tendría que hacer ningún gasto, pero que el operador privado sería responsable de una inversión estimada de US$1.000mn y cobraría una tasa que no puede exceder el costo operativo actual de Petroecuador.