Primer APP de Guatemala arrancará obras en mayo

En medio de la inquietud generada por posibles retrasos en el proyecto guatemalteco autopista portuaria Escuintla-Quetzal, Sandro Testelli, titular del consorcio adjudicatario Convía, señaló que las obras comenzarán en mayo según lo establece el contrato.

La concesión a 25 años —la primera asociación público-privada (APP) del país— se adjudicó en julio de 2018, pero el proyecto no fue aprobado por el Congreso hasta noviembre de 2021.

Junto con las reparaciones, la mejora incluye la instalación de cabinas de peaje para recaudar ingresos para Convía, que se encargará de la operación y el mantenimiento del tramo de 43km que conecta los municipios de Escuintla, Masagua, Iztapa y San José.

Testelli —que también es director de Marhnos Guatemala, que junto con la constructora local Precon posee el contrato de US$125 millones a través de Convía (Consorcio Autopistas de Guatemala)— negó las informaciones de la prensa local que apuntaban a nuevos aplazamientos, después de que inicialmente se esperara que las obras comenzaran en enero.

“No se ha pospuesto. Estamos en un proceso en donde ya se entregó la propuesta por parte de la concesionaria para la ejecución de los trabajos. Los trabajos, en principio, deberían de iniciarse de acuerdo con las fechas contractuales para el mes de mayo”, señaló a BNamericas el ejecutivo.

Mientras tanto, se considera que las elecciones generales de Guatemala del 25 de junio pueden afectar a proyectos de infraestructura clave como la autopista Escuintla-Quetzal.

“Unos están jugando desde la arena política a tratar de captar votos oponiéndose a los proyectos. Yo creo que sería bastante difícil dar marcha atrás”, declaró a BNamericas el analista Marvin Flores, de la ONG de transparencia Acción Ciudadana

Consultado sobre los efectos que podrían tener las elecciones sobre la APP, Testelli dijo que el contexto político no afectaría la autopista.

“La parte política es un tema paralelo. El proyecto tiene una estructura de ley, es una ley que incluso fue regida por el Legislativo de Guatemala y validada por un decreto presidencial. Realmente los tiempos y las formas del contrato son independientes al contexto político”, aseveró.