Procuraduría colombiana pide suspender decreto ambiental por implicaciones para minería

La Procuraduría General de Colombia pidió la suspensión cautelar del decreto de los ministerios de Ambiente y Minas y Energía que faculta a las autoridades a identificar, delimitar y declarar zonas de reserva natural, medida que ha generado inquietud en la industria extractiva.

El decreto emitido en enero establece que la vigencia de las reservas puede ser de hasta diez años, con un período inicial de cinco años prorrogable por una vez, hasta que exista certeza sobre la compatibilidad de las actividades mineras en el área reservada.

Durante el período, las autoridades no podrán otorgar permisos ambientales para exploración o explotación de minerales.

En un comunicado, la Procuraduría General señaló que el decreto ha generado efectos inmediatos, “por lo que se podría estar expidiendo declaratorias de reservas temporales que impidan que las autoridades mineras decidan sobre la procedencia o no del otorgamiento de títulos mineros en áreas geográficas del territorio colombiano, excluyéndolas de la actividad minera hasta por diez años, generando riesgos de parálisis en la exploración y explotación de minerales”.

El organismo busca la suspensión del decreto hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la legalidad del cambio a los criterios para obtener títulos mineros y restringir actividades de minería en áreas de especial importancia ecológica.

El Consejo de Estado es el tribunal que resuelve las acciones de nulidad por inconstitucionalidad contra decretos dictados por el gobierno que no son competencia de la Corte Constitucional.

La Procuraduría General también pidió al Ministerio de Ambiente el plan de actividades detallado y las fechas para implementar las disposiciones del decreto, así como informes mensuales en los que se expongan las áreas que deben ser declaradas reservas naturales de carácter temporal y los fundamentos técnicos de esas decisiones.

El procurador para asuntos ambientales, Gustavo Adolfo Guerrero, declaró a la prensa que el decreto afectaría a quienes hoy tienen contratos de concesión minera y realizan actividades de exploración, que no podrían entrar a la fase de explotación, e incluso a quienes estén realizando actividades de producción.

“Es una decisión en la que no prevalece la ciencia y puede dar lugar, por el contrario, a actividades mineras ilegales, como las que vienen amenazando a buena parte de los ecosistemas estratégicos del territorio nacional”, advirtió el funcionario.

Diversos sectores, incluida la asociación minera ACM, han manifestado su preocupación por el decreto, que podría ser usado de manera arbitraria para impedir nuevas actividades mineras sin fundamento en estudios previos o criterios técnicos.