Prohibición de minería a cielo abierto en México destruiría miles de empleos

Prohibir la minería a cielo abierto en México, como plantea la propuesta del gobierno que se debate en el Congreso, acabaría con más de 400.000 empleos directos y más de 2,5 millones de empleos indirectos, advirtió el nuevo presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Rubén del Pozo.

El jueves, durante la jornada inaugural del VIII Congreso de Minería Durango 2024, Del Pozo señaló que tal pérdida afectaría “irremediablemente la economía de las comunidades mineras”, donde la industria es muchas veces la única fuente de empleo.

Agregó que “la iniciativa impulsada para prohibir la minería a cielo abierto sería un gran error con un enorme impacto en la producción, el empleo y el desarrollo de la industria minero-metalúrgica”, lo que además pone la actividad minera en gran riesgo, según un comunicado de la AIMMGM.

El presidente de la AIMMGM capítulo Durango, José Jorge Villaseñor, aseguró en el mismo evento que solo en el estado se encuentran en riesgo 10 proyectos mineros a cielo abierto, que podrían derivar en la pérdida de al menos 5.000 empleos potenciales si la medida es aprobada.

“A nosotros, como ingenieros, nos preocupa la amenaza de desaparecer empleos, porque los primeros perjudicados, si se aprueba esta iniciativa, seríamos nosotros, los trabajadores”, planteó Villaseñor, según El Siglo de Durango.

Según el medio local, agregó que los capitales no se verían perjudicados, porque simplemente se trasladarán a otro país si se prohíbe la actividad en México. Los verdaderamente afectados serían los trabajadores mineros y sus familias.

A mediados de agosto, la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta del Ejecutivo para prohibir la minería a cielo abierto. Esta fue presentada inicialmente en febrero por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador como parte de un paquete de 20 iniciativas de reforma constitucional, que incluye una controvertida reforma al Poder Judicial.

Ahora se espera que sea discutida y aprobada en septiembre por ambas cámaras del Congreso, donde la coalición oficialista cuenta con la supermayoría necesaria para introducir modificaciones constitucionales.