Puerto Rico solicita protección contra quiebra para fondos de pensiones

El Gobierno de Puerto Rico solicitó protección federal contra acreedores para dos sistemas de pensiones que cubren a empleados públicos y optó por seguir estirando las finanzas públicas en un intento por salvaguardar los beneficios.

"Ante la situación precaria de nuestros sistemas de retiro de los empleados públicos del Gobierno Central, su eventual insolvencia en los próximos meses y no poder llegar a un acuerdo consensual con los acreedores del Sistema de Retiro, no me queda otra opción para proteger a nuestros retirados que solicitar la protección del Título III de Promesa [ley similar a la protección contra quiebra de EE.UU.]", señaló el gobernador Ricardo Rosselló, citado por el diario local El Nuevo Día.

La solicitud se produjo ante la imposibilidad del gobierno de mitigar posibles juicios en las negociaciones con los acreedores.

Si se aprueba la solicitud del gobernador a la junta de supervisión fiscal de Puerto Rico, la acción permitiría a los fondos públicos cubrir pasivos por más de US$3.000 millones (mn) una vez que los sistemas agoten sus finanzas y podría abrir la puerta a miles de millones en pagos futuros cada año.

Las protecciones requeridas cubrirían una serie de deudas para los sistemas de pensiones de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

El Estado Libre Asociado continúa lidiando con una grave crisis de deuda. Si se aprueba la solicitud, las nuevas deudas se incorporarán al proceso de reestructuración en curso por los cerca de US$70.000mn en pasivos públicos de Puerto Rico, ahora bajo revisión de la jueza estadounidense Laura Taylor Swain en el sistema judicial de quiebras de EE.UU.

El Gobierno puertorriqueño es el mayor empleador del territorio y sus tres principales fondos de pensiones acumularon US$10.000mn en deuda cada año entre 2009 y 2013, lo que lo llevó a aumentar la edad mínima de jubilación, reducir los préstamos y aumentar los porcentajes de contribución de los empleados y empleadores.

En conferencia de prensa, el gobernador dijo que gran parte de la deuda proviene de bonos emitidos bajo la administración anterior, de Aníbal Acevedo Vilá, quien utilizó los fondos de pensiones como garantía.

"Los acreedores de esos bonos podían meter la mano a las aportaciones que se están haciendo hoy por los servidores públicos para coger esos dineros, y reclamar que esos dineros son de ellos", señaló Rosselló, citado por el diario local Primera Hora.

"Si no tomábamos esta acción ya en unos cuantos meses se acaban los activos del Sistema de Retiro", sostuvo.

De acuerdo con El Nuevo Día, la deuda asociada a los bonos de la ASR asciende a US$3.156mn, y cuando esta última agote sus fondos el gobierno deberá desembolsar entre US$1.200mn y US$1.700mn anuales para el pago de beneficios previsionales.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, Roberto Aquino, duda que la intervención de un tribunal ayude a más de 150.000 jubilados del Estado que dependen de un sistema con un déficit de unos US$50.000mn.

"La esperanza es muy poca porque, a menos que el sistema reciba una inyección de dinero para poder seguir subsistiendo, este colapsará", declaró, citado por el diario mexicano El Economista, y añadió que muchos jubilados temen que el fondo general no alcance para sus pensiones debido a los problemas financieros de Puerto Rico.

"Desconocemos cuáles son las prioridades que se van a establecer. ¿Caeríamos bajo esa clase de servicios esenciales?", preguntó García.