Radiografía a la Convención Constitucional de Chile y el sector energético

El proyecto de Constitución que sustituye a la actual Carta Magna de Chile, que acaba de ser presentado por la Convención Constitucional del país, incluye por primera vez referencias directas al sector energético.

Estas referencias están contenidas en las normas propuestas por la comisión 5 de medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico de Chile, y que obtuvo el apoyo de una mayoría de dos tercios en la convención.

Como era de esperar, dado que el cambio de Chile hacia las energías renovables no es políticamente controvertido, el plenario de la convención solo hizo pequeñas adiciones a la propuesta sobre energía que están en línea con los objetivos políticos actuales del país. Todas las propuestas más inusuales de la comisión de energía quedaron fuera.

El texto resultante, que debe ser editado y modificado por la comisión de armonización antes de que esté listo, consagra la disposición fundamental de que "toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura".

También establece el deber del Estado de promover una matriz energética descentralizada, distribuida y diversificada, “basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental”.

Estos artículos fueron aprobados durante la tercera y última oportunidad para que la quinta comisión propusiera artículos después de sufrir dos grandes reveses, con las dos primeras rondas en el plenario siendo rechazadas en gran parte o enviadas de vuelta a comisión para una nueva redacción. Su propuesta más controvertida, que habría otorgado al Estado chileno el derecho exclusivo de extraer minerales en territorio nacional, fue finalmente rechazada a nivel de comisiones.

Otra propuesta aprobada en energía garantiza "el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos".

Por último, se añadieron al proyecto dos disposiciones que declaran las infraestructuras energéticas como una cuestión "de interés público" y el compromiso de fomentar el autoabastecimiento energético y dar una protección especial a las cooperativas de energía, que en Chile prestan servicios de distribución de electricidad a comunidades rurales y aisladas.

Con su primer borrador de propuesta listo, la Convención Constitucional pasará ahora a dos procesos paralelos, la normalización y la reglamentación transitoria.

Se tratará de convertir la serie de artículos aprobados por la convención en un texto coherente, combinando artículos similares, cambiando su orden y redactando una introducción, mientras que el segundo establecerá las condiciones y el calendario para aplicar los diversos cambios contenidos en la nueva constitución si se aprueba en el plebiscito del 4 de septiembre.

Los cambios más destacados que propone la convención son la creación de una cámara regional que sustituya al Senado, con un conjunto de competencias más limitado y un número igual de representantes para cada una de las 16 regiones de Chile, y la introducción de escaños reservados para las comunidades indígenas en la Cámara Baja, cuyo número se fijará por ley "en forma proporcional a la población indígena en relación a la población total del país", según el texto aprobado.

Si bien la redacción de una nueva constitución fue apoyada por una abrumadora mayoría (79%) de los chilenos en octubre del año pasado, encuestas recientes han mostrado que es probable que la carrera sea mucho más reñida para el plebiscito de septiembre.

Las intenciones actuales de aprobar el nuevo texto rondan el 38%, mientras que alrededor del 46% sostiene actualmente que lo rechazará. Una gran parte de los chilenos (alrededor del 16%) sigue indeciso, según la última encuesta de la firma local de investigación Cadem.