Reformas relámpago de Uruguay apuntan a infraestructura y sector petrolero

El gobierno uruguayo presentó un proyecto de ley de urgente consideración que abarca varias áreas, como infraestructura y petróleo.

Las autoridades habían estado redactando el texto en los últimos meses.

El proyecto de ley, que el Parlamento tiene 90 días para debatir, introduce además cambios a las reglas sobre el uso de las utilidades netas obtenidas por el estatal Banco República.

Según la legislación vigente, el gobierno puede canalizar hasta el 50% de las "utilidades netas anuales después de debitar los impuestos" del banco a las arcas estatales y puede tomar otro 30% para financiar "proyectos productivos viables y sustentables".

El proyecto legislativo incorpora al texto que el 30% también se pueda utilizar para financiar proyectos de infraestructura.

Asimismo, insta a la formulación de un plan de desarrollo de infraestructura para mejorar el marco institucional del sistema de concesiones y contratos de participación público-privada. El plan abarcaría áreas como riesgo de proyectos, financiamiento, preparación de documentos licitatorios y una reducción de la burocracia. El Ejecutivo estaría autorizado a solicitar ayuda de organismos internacionales con experiencia en el área.

Según los cambios propuestos, una sola agencia o entidad administraría todas las fases clave de los proyectos.

MONOPOLIO DEL PETRÓLEO

El gobierno propone acabar con el monopolio que tiene la petrolera estatal Ancap en la importación, exportación y refinación de crudo y derivados. El Ejecutivo, con el aporte del regulador de energía y agua Ursea, redactaría las reglas.

Alejandro Chafuen, director general del área internacional del centro estadounidense de estudios Acton Institute, dijo a BNamericas recientemente que terminar con el monopolio de Ancap sería políticamente "muy difícil". Un intento similar en 2003 fue rechazado.

El gobierno del presidente de centroderecha Luis Lacalle Pou, que anteriormente dijo que quería reducir el déficit fiscal del país sin aumentar los impuestos, también propone medidas de eficiencia en el uso del gasto y reglas fiscales, así como la creación de una agencia de fiscalización de políticas públicas.

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Otra área de atención de Lacalle es la seguridad social. El proyecto de ley establece un comité especial encargado de analizar el sistema actual y presentar sugerencias de reforma.

Lacalle necesitará capitalizar los vientos a favor en el ámbito político durante su primer año en la presidencia, dijo Chafuen.

El proyecto de ley también abarca temas de seguridad, educación, relaciones laborales, telecomunicaciones, lucha contra el lavado de dinero y apoyo a las pymes.