Revisión de telecomunicaciones es prioridad para Temer

La revisión del marco de telecomunicaciones de Brasil fue mencionada por el presidente Michel Temer como uno de los 15 proyectos de mayor prioridad de su gobierno ahora que su administración renunció a la aprobación de una propuesta de reforma de pensiones este año.

Apoyado por los operadores y la industria de telecomunicaciones en general, el proyecto de ley de actualización (PLC 79) modifica la ley general de telecomunicaciones de 1998 al permitir que los titulares de concesiones de telefonía fija migren al régimen privado, que es menos estricto en cuanto a cobertura y controles de precios.

A cambio, los antiguos concesionarios pagarían una tarifa determinada y se comprometerían con inversiones en banda ancha. El objetivo declarado de la ley es cambiar el enfoque a los servicios de banda ancha en lugar de la decreciente telefonía fija.

En esencia, el proyecto pone fin a la modalidad de concesión en la industria de las telecomunicaciones.

¿LISTO AHORA?

"Creo que todo apunta ahora a la aprobación del PLC 79 este año, lo que al menos sería algo", dijo a BNamericas el titular de la consultora Teleco, Eduardo Tude, en alusión al largo período en el que el proyecto quedó en el limbo.

El PLC 79 se estancó en el Senado en marzo del año pasado, sumido en cuestionamientos sobre la votación que condujo a su aprobación.

El proyecto de ley se aprobó en la Cámara Baja y en una comisión especial del Senado, pero los partidos de la oposición impugnaron los procedimientos de votación, argumentando que el proyecto de ley debería haber sido sometido a votación completa ante el Senado.

La Corte Suprema acogió la apelación y evitó que la iniciativa se convirtiera en ley mientras no se realizara una nueva votación.

En el marco de un seminario de telecomunicaciones en Brasilia, el secretario de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, André Borges, mostró un relativo optimismo sobre la inclusión del proyecto de ley en la lista de prioridades del gobierno, aunque espera cierta oposición de los demás partidos.

"La aprobación del PLC es importante porque desbloqueará las inversiones en el sector de telecomunicaciones que estaban listas para seguir adelante", dijo Borges en la apertura del evento.

Agregó que las prioridades del ministerio para 2018 también incluyen un régimen tributario especial para data centers, el avance del uso del satélite geoestacionario SGDC de Brasil para un programa de conectividad y la habilitación del cable submarino entre Brasil y Europa.

NUEVAS MEDIDAS

La lista de los 15 proyectos prioritarios presentados por Temer —la mayoría de los cuales están en curso en el Congreso— fue una forma de apaciguar a los mercados y los economistas preocupados por la salud fiscal del país ante la posibilidad de que la reforma de pensiones no se concretara.

Además de la actualización de las telecomunicaciones, la lista incluye simplificaciones fiscales, un proyecto para proporcionar al Banco Central autonomía formal, la privatización de Eletrobras y el fin de las exenciones del impuesto a la nómina, entre otros.

Algunos de estos proyectos, además de la actualización del marco de telecomunicaciones, también deberían tener un impacto en el segmento de las TIC, aunque indirectamente. El fin de las exenciones del impuesto a la nómina beneficiará a las empresas en los sectores de contact center y software, y la simplificación de los impuestos PIS/Cofins podría generar beneficios para las empresas en el segmento de servicios.

Las 15 iniciativas son proyectos de ley regulares que no implican enmendar o cambiar la Constitución y requieren mayoría simple para su aprobación.

Uno de los argumentos utilizados por el gobierno para abandonar el impulso de la reforma previsional fue la imposibilidad de cambiar la Constitución mientras se implementen medidas excepcionales, como la intervención federal en un estado. Hace solo unos días, Temer emitió un decreto presidencial sin precedentes que permite al Ejército intervenir en actividades policiales en el estado de Río de Janeiro para combatir una ola de crímenes.

El decreto fue votado y aprobado en el Congreso el lunes y la intervención debería mantenerse vigente al menos hasta noviembre.