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Sapi: Fuente abierta limita abuso de propiedad intelectual

Bnamericas
El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) de Venezuela estima que puede combatir las violaciones a los derechos de propiedad intelectual incentivando a los vendedores informales para que distribuyan software de fuente abierta, informó el boletín online La Red. El mercado informal da cuenta de dos tercios de las ventas de software, video y música, y el dilema de los derechos de propiedad intelectual no se resolverá de la noche a la mañana, según el director del Sapi, Eduardo Samán. Por lo tanto, la mejor manera de combatir la piratería de software patentado es fomentar la distribución de soluciones de fuente abierta, habría dicho Samán. Según el ejecutivo, no hay cifras confiables que indiquen el nivel de pérdidas que provoca la venta de software no autorizado en Venezuela. De acuerdo con el informe Special Report 301 elaborado por el Departamento de Comercio de EEUU, Venezuela está en la lista gris de la piratería de juegos de video, música y software en Sudamérica, pero presenta menores niveles que los principales infractores: la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. En el marco de la actual ley venezolana, las infracciones a los derechos de propiedad se consideran un delito privado, no público. Por lo tanto, es responsabilidad de la víctima afectada por la venta de una copia no autorizada de alguno de sus productos, y no del Estado, emprender acciones legales. Este método no parece haber sido muy efectivo hasta ahora, pues sólo se han informado cuatro casos a la dirección de crimen organizado del cuerpo de investigaciones venezolano desde 1999. Sin embargo, Samán no cree que la solución inmediata sea establecer nuevas leyes. Destaca el caso de la ley colombiana 263, aprobada el 2000, que a su juicio agravó el problema en vez de resolverlo. La ley 263 convirtió las violaciones a los derechos de propiedad intelectual en un delito público y modificó la ley de impuestos sobre la renta, obligando a las empresas a comprometerse a no usar software pirata y confiriendo al Ministerio de Hacienda la autoridad para auditar y fiscalizar la legislación. Según Samán, la mejor estrategia es incentivar la migración a software y tecnología de fuente abierta, pues las políticas represivas sólo llevan el problema a un nivel más profundo. "Es necesario otorgar períodos de gracia que permitan migraciones poco traumáticas", habría indicado Samán. El ejecutivo agregó que un decreto del gobierno sobre software de fuente abierta y un proyecto de ley sobre tecnología abierta también forman parte de la misma estrategia.

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