Surgen dudas sobre proyecto de reforma a evaluación ambiental en Chile

El proyecto de ley que busca reformar el sistema de evaluación ambiental de Chile está diseñado para reducir la posibilidad de que los proyectos se retrasen por disputas legales, aunque su resultado sigue siendo incierto, según un experto de Montt Group.

Entre otros aspectos, la iniciativa presentada al Congreso por el gobierno a principios de este año establecería un proceso de apelación contra la aprobación o rechazo de un proyecto del cual se encargará íntegramente el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). También limitaría el plazo para interponer los recursos a 30 días hábiles en el caso de los proyectos presentados con una evaluación de impacto ambiental y a 60 días para los que cuenten con estudios de impacto ambiental.

Un problema es que los proyectos que ya han obtenido el visto bueno del SEA suelen ser objeto de acciones legales para anular la decisión.

“La reforma del recurso de reclamación trata de frenar este exceso de judicialización de los procesos de aprobación, ya que tratan de limitarlo al ámbito administrativo, dejándolo en manos del director ejecutivo [del SEA], y en el peor de los casos por así decirlo, en el Tribunal Ambiental”, dijo a BNamericas Sebastián Covarrubias, ingeniero ambiental de Montt Group Chile, en el marco de un seminario web para discutir el proyecto de ley.

En la actualidad, el recurso final contra una decisión del SEA lo tramita el Comité de Ministros, pero la lentitud y la supuesta influencia política han sido criticadas como un obstáculo adicional a las iniciativas. El proyecto legislativo suprimiría dicho comité.

“El corazón de este proyecto de ley era fortalecer el aspecto técnico de la evaluación”, agregó Covarrubias.

Sin embargo, señaló que está por verse cómo estas modificaciones terminan siendo interpretadas por otros organismos como la Corte Suprema o la Contraloría General, que podrían decidir que existen recursos legales adicionales una vez que el Tribunal Ambiental emita un fallo.

Es más, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso.

Hasta la semana pasada, había 64 proyectos por un valor previsto de US$10.500 millones esperando fallos judiciales sobre sus evaluaciones ambientales, y casi tres cuartas partes de ellos ya cuentan con una resolución de calificación ambiental (RCA) positiva, informó el diario La Tercera, que citó un requerimiento de transparencia.

Entre estos figuran el proyecto de cobre Los Bronces Integrado (US$3.000 millones), el puente 'industrial' sobre el río Biobío (US$180 millones), la Ruta 66 (US$401 millones) y la línea de transmisión Polpaico-Cardones (US$1.000 millones).

Los proyectos cuyas RCA positivas han sido parcialmente anuladas por los tribunales incluyen la terminal portuaria TCerros de Valparaíso (TCVAL) (US$550 millones) y el centro de datos Cerrillos (US$200 millones) de Google en Santiago.

Como resultado, dichos proyectos están de vuelta en la fase de evaluación, pero no han sido descartados de plano.