Trabajadores de mina de estaño de Bolivia protagonizan protestas

Mineros que explotan estaño y tungsteno en Bolivia protagonizaron protestas en las afueras de oficinas públicas en La Paz para presionar por pagos retroactivos en los disturbios más recientes en la industria de la nación andina.

Cerca de 280 trabajadores de la mina subterránea Chojlla, ubicada en la provincia de Sud Yungas en el departamento de La Paz, no han recibido sus pagos por un año, por lo que llevaron a la empresa a juicio, señaló el dirigente sindical Luis Mamani a la agencia estatal de noticias ABI.

Las protestas se producen en momentos en que la federación nacional de trabajadores COB, asociación que agrupa a diversos sindicatos, incluidos los mineros, exige un aumento salarial mínimo de 15% para 2018. Los sindicatos mineros encabezaron una serie de paros nacionales en 2016 para protestar contra el gobierno del presidente Evo Morales.

La industria minera de Bolivia —liderada por Glencore, Pan American Silver, Sumitomo, Argentum, Orvana Minerals y Franklin Mining— produjo 17.460t de estaño, 486.955t de zinc, 89.510t de plomo, 47,7 millones de onzas de plata, 12.810kg de oro, 8.718t de cobre, 1.399t de tungsteno, 2.669t de antimonio, 43.253kg de bismuto y 2.940t de mineral de hierro en 2016, según la agencia de estadísticas INE.

La inversión privada se ha desplomado en Bolivia desde que Morales incautó activos mineros de compañías como Glencore, South American Silver y Jindal Steel luego de asumir el poder en 2006. Morales inició una campaña gubernamental para invertir US$1.965mn en la industria minera y metalúrgica para 2020, tanto en minas como en hornos y fundiciones.

EXTRADICIÓN

Las protestas en la mina Chojlla, de 70t/a y bajo el control de Carlos Iturralde, cuñado del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ocurren mientras el Gobierno boliviano prepara un nuevo intento de extraditar a Sánchez de Lozada desde EE.UU., donde ha solicitado asilo desde 2003.

Bolivia cumplió todos los requisitos jurídicos para extraditar a Sánchez de Lozada y a su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por su papel en la represión de las protestas de octubre de 2003 conocidas como Octubre Negro, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni.

Un tribunal de Fort Lauderdale encontró a los dos hombres culpables de ordenar la represión militar ante las protestas contra un plan para exportar gas natural que dejó 71 muertos y más de 400 heridos.

Sánchez de Lozada —presidente de 1993 a 1997 y de 2002 a 2003— implementó los fondos privados de pensiones, privatizó empresas estatales en bancarrota y atrajo miles de millones de dólares en inversión extranjera a la industria nacional de hidrocarburos antes de ser derrocado por las protestas.