Un vistazo a los retos de pensiones que enfrentan Chile y México
La combinación de sistemas de pensiones financiadas y de reparto, mecanismos de ajuste automático y una sólida red de seguridad para los pensionados mejora los resultados de la jubilación.
Ese es un mensaje clave del informe Pensions Outlook 2018 de la OCDE.
Según el organismo con sede en París, si bien las naciones miembros han mejorado sus sistemas en la última década para hacerlos más sostenibles, "los gobiernos ahora deberían concentrarse en garantizar que proporcionen a las personas un ingreso de jubilación adecuado".
Un sistema de pensiones que incluye acuerdos de reparto y financiados "puede lograr mejor sus diversos objetivos y es más resiliente a los múltiples riesgos para la seguridad financiera de la vejez", indicó.
La OCDE destacó también los beneficios de las reglas claras, los incentivos financieros y la flexibilidad de la edad de jubilación, entre otras áreas.
Los factores detrás de los bajos ingresos de jubilación incluyen tasas de contribución bajas, brechas de contribución y salarios bajos.
"La reforma de pensiones sigue siendo un desafío continuo, ya que los países deben garantizar que las personas obtengan una pensión adecuada mientras se mantienen asequibles", dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría (en la foto).
En América Latina, el estudio analiza a Chile y México, que son miembros de la OCDE. Las tasas brutas de reemplazo de pensiones en México y Chile son la más baja y la cuarta más baja de las 36 naciones miembros de la OCDE, respectivamente.
Chile tiene un sistema obligatorio de contribuciones definidas en el que los trabajadores aportan el 10% de su salario mensual bruto a fondos de ahorro individuales manejados por administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas.
Los trabajadores de bajos ingresos reciben beneficios estatales en forma de un pilar solidario.
El sistema de AFP de Chile, aunque se considera sostenible, ha sido criticado por las pequeñas pensiones que reciben muchos jubilados. En octubre, el presidente Sebastián Piñera expuso sus planes de reforma previsional. Una propuesta clave es aumentar la tasa de contribución a 14%, a través de un aporte de 4 puntos porcentuales del empleador. Esto acercaría el nivel de Chile al promedio de la OCDE de 19%. El proyecto de ley abre también la puerta a una mayor competencia en el sector y fortalece el pilar solidario.
Las autoridades han introducido además reglas que obligan a los trabajadores independientes a ahorrar en una AFP y hacer contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, en agosto se presentó un proyecto de ley que introduce gradualmente requisitos de contribución, desde 10% hasta 17% de su ingreso imponible.
Mientras tanto, México enfrenta sus propios desafíos, siendo el mayor de ellos cómo aumentar las tasas de reemplazo y hacerlas más equitativas en los esquemas existentes. La gran mayoría de los trabajadores mexicanos en el mercado laboral formal participan en uno de los dos esquemas obligatorios de contribuciones definidas, uno para todos los trabajadores del sector privado (IMSS) y otro que cubre a la mayoría de los empleados del sector público (ISSSTE).
Estos esquemas se establecieron como parte de reformas para alejarse del modelo de reparto y aliviar la carga de las arcas estatales.
Hoy en día, el empleado, el empleador y el gobierno contribuyen. En el esquema de trabajadores del sector privado, la tasa de contribución general es de 6,5%, mientras que para los trabajadores del sector público la tasa es de 11,7%, gracias a un mayor apoyo del gobierno.
El actual sistema de jubilación cubre solo a 4 de cada 10 mexicanos, lo que a juicio del titular del regulador de pensiones Consar, Carlos Ramírez, representa el mayor desafío del país a futuro.
Una de las principales fuentes de la baja cobertura es la informalidad del mercado laboral, según la OCDE.
Además, los trabajadores que contribuyeron al sistema de pensiones antes de que se revisara tienen el derecho, en el momento de la jubilación, a elegir si sus beneficios se pagan según el modelo anterior o el esquema de contribuciones definidas, donde el primero genera pensiones mucho más grandes. Esta disparidad es algo que podría llevar a la oposición al esquema de contribuciones definidas, de acuerdo con la OCDE.
De hecho, las tasas de reemplazo una vez que esta llamada generación de transición termine de retirarse van a caer de 80-90% a 25-30%, indicó el Global Aging Institute.
Se han hecho llamados a aumentar los niveles de contribución, elevar los subsidios para quienes trabajan, promover el ahorro previsional voluntario, mejorar los niveles de seguridad y atraer a más trabajadores al sistema, como parte de los esfuerzos para aumentar las pensiones y reducir el número de personas que viven en la pobreza al jubilarse.
El flamante presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a expandir, a nivel nacional, un programa de pensión universal para ciudadanos de edad avanzada establecido en Ciudad de México. A pesar de las serias preocupaciones sobre cómo planea pagar un programa de este tipo, cualquier propuesta para modificar el sistema de jubilación del país abre la puerta a una revisión más amplia.
En otros lugares de la región, la reforma también se considera necesaria en países como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Perú.
Para acceder al informe de la OCDE, haga clic aquí.
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