Volatilidad cambiaria representa gran riesgo para eléctricas argentinas

La exposición al tipo de cambio es actualmente la mayor amenaza para la liquidez del sector eléctrico argentino, según analistas de la industria.

En un nuevo informe, Fitch Ratings explica que la devaluación del peso ha tenido un impacto significativo en el sector eléctrico, ya que las entradas de efectivo del administrador del mercado mayorista local, Cammesa, obtenidas de las empresas de distribución y transmisión, están denominadas en pesos, mientras que sus pagos a las generadoras están en dólares.

"Desde abril de 2018 hasta diciembre de 2018, Fitch estima que las transferencias a Cammesa aumentaron 14% debido a la depreciación del peso. Además, Fitch no espera que eventos materiales incidan en el riesgo cambiario en 2019 y 2020, ya que hay pautas estrictas que limitan cuánto se permite al gobierno defender el peso. En consecuencia, Fitch estima que el tipo de cambio promedio peso-dólar en 2019 será de 44,40, lo que puede representar el 39% del costo total del sistema en 2019".

Desde el colapso del mercado del 12 de agosto, el tipo de cambio en Argentina ha pasado de 45 a más de 60 pesos por dólar, para estabilizarse luego en 58. Como el Banco Central no pudo controlar la devaluación, el gobierno recurrió a principios de este mes a controles de capitales, lo que finalmente trajo cierta estabilidad cambiaria.

Después de la crisis monetaria del año pasado, el Gobierno argentino debió aumentar los subsidios a Cammesa para que pudiera pagar a tiempo. Fitch estima que el año pasado el Gobierno Federal transfirió US$3.900mn a la empresa estatal. Hasta julio de 2019, había subsidiado el 30% del sistema general mediante pagos de US$1.500mn a Cammesa.

Las empresas están más expuestas al riesgo de divisas ya que los sectores de energía, electricidad y telecomunicaciones han realizado emisiones corporativas por US$12.000mn desde la apertura de los mercados de capitales tras la victoria electoral de Mauricio Macri, de orientación proempresarial.

"Hemos visto algunos eventos positivos desde 2015 que corren riesgo de desvanecerse por la situación macroeconómica en Argentina, particularmente por la vulnerabilidad del sistema, el riesgo cambiario y el hecho de que el costo general del sistema haya aumentado por la expansión", indicó Joe Bormann, director gerente de calificaciones corporativas de Fitch para Latinoamérica, en una teleconferencia.

Consultado sobre si existen políticas claves que un próximo gobierno podría promulgar para lograr cierta estabilidad de largo plazo, Saverio Minervini, director de electricidad y energía de Fitch, indicó que se debería abordar el desajuste cambiario del sistema, lo que se vincula directamente con la necesidad de subsidiarlo constantemente.

También hay una oportunidad de avanzar hacia un modelo híbrido, donde los grandes consumidores o los clientes industriales puedan contratar su propia capacidad directamente con generadoras fuera del segmento regulado, agregó.

Sin embargo, como el Estado es el único proveedor de gas de las centrales eléctricas, existen algunas complicaciones adicionales para este modelo. No obstante, se aliviaría la presión sobre el gobierno, que solo debería preocuparse de la supervisión del segmento regulado y no de todo el sistema eléctrico.

Otra modernización regulatoria importante sería abordar más a fondo la "energía base", el sistema argentino de pagos por capacidad. Por la devaluación del peso, el gobierno ya hizo algunos ajustes al sistema a principios de este año con un rebaja en los pagos a plantas que despacharon menos del 30% de su capacidad cada año. La energía base representa actualmente alrededor de US$6.100mn en costos anuales.

"En este momento, el mayor riesgo del sistema es el desacople cambiario y al abordar la energía base, que representa más o menos el 60% del costo del sistema, se protegerían también los nuevos PPA, que sumarán plantas nuevas y eficientes al sistema, hoy tan necesarias", indicó Minervini.

Si bien alrededor del 54% de la capacidad instalada en Argentina es térmica, unos 35GW (un 55%) corresponden a unidades altamente ineficientes y antiguas. Se estima que la cifra irá disminuyendo a medida que entren en servicio las nuevas plantas de ciclo combinado, que ya suscribieron un PPA con Cammesa, aunque algunas podrían sufrir retrasos dada la complicada situación macro.

La historia es muy diferente en el segmento de petróleo y el gas, donde las empresas tienen mucha liquidez en moneda extranjera y en algunos casos capacidad para cubrir deuda durante 12 meses o más. El sector eléctrico se ve aún más presionado por el hecho de que el modelo actual es insostenible para el gobierno. Por lo tanto, es probable que haya cambios en el entorno regulatorio después de que el próximo gobierno asuma en diciembre, independientemente de quién gane.

Estos cambios "afectarán inevitablemente a las empresas de energía", advirtió Minervini. "Las que están en mayor riesgo son las que suscribieron un PPA para construir una planta de ciclo combinado y luego accedieron al mercado internacional para buscar financiamiento con esos PPA. Si estos cambiaran, habría un impacto material en esas empresas y cambiarían los flujos de efectivo esperados".