La intrincada problemática de la libertad previsional en Latinoamérica

¿Quién querría ser legislador o burócrata sénior en Latinoamérica hoy en día?

Una tarea clave para muchos es aplanar la curva del coronavirus y al mismo tiempo mantener en funcionamiento sus tambaleantes economías y tratar de evitar daños estructurales a largo plazo.

Una de las tantas problemáticas actuales es la libertad de pensiones. Algunos legisladores y ciudadanos han exigido que las autoridades permitan el acceso temprano a los fondos de pensiones para aliviar el impacto de la crisis, la cual ha afectado duramente las finanzas familiares. Otros advierten sobre las posibles consecuencias de tal medida más adelante en el camino.

El debate, por supuesto, se lleva a cabo en países con grandes planes de pensiones de contribución definida, aquellos que administran compañías conocidas como AFP o, en México, afores.

La decisión de que un miembro de un fondo de pensiones privado retire sus ahorros entregaría apoyo a corto plazo y probablemente contaría con el respaldo de los legisladores con el objetivo de obtener capital político.

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Por otro lado, oponerse a tal medida se consideraría políticamente impopular, pero mantener cerrados los fondos de pensiones impediría una caída en el monto de las jubilaciones y evitaría establecer un precedente. No es un argumento popular –sobre todo porque las cifras prevista de las pensiones a menudo es pequeña– pero es verdadero. 

Los economistas han presentado otras opciones a la prensa local, como préstamos blandos o subsidios, o exigir a quienes retiren fondos el pago de ellos.

El tema asociado de financiamiento y estabilidad también entra en juego, ya que las AFP son inversionistas institucionales clave. De acuerdo con un informe de mayo de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, los ahorros de pensiones gestionados en la región se situaban en cerca de los US$518.000mn en abril, 4,4% más frente a marzo, cuando los activos se vieron afectados por la pandemia de coronavirus. Esto es mucho dinero que podría ayudar a financiar proyectos de sustentabilidad posteriores a la crisis que, a su vez, generarían empleos e ingresos.

Toda la problemática saca a colación la necesidad de construir una red de seguridad social sólida en América Latina, donde un pequeño porcentaje de hogares tiene un fondo para las épocas complicadas. Es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, especialmente en el contexto actual de un crecimiento más débil, mayores montos de deuda, salidas de capital, alza del desempleo y niveles tercamente altos de informalidad laboral.

La reforma de las pensiones es una tarea clave, ya que los sistemas de la región necesitan correcciones. Si bien no existe una fórmula mágica, resultan vitales aportes más altos, registros de contribuciones más completos y un pilar de solidaridad más fuerte. Además, un sistema donde contribuyan el empleado, el empleador y el Estado aportaría sostenibilidad, adecuación e integridad, si se diseña e implementa correctamente.

Los problemas asociados deben abordarse en paralelo, como la informalidad laboral (alrededor del 60% de las personas en Latinoamérica trabaja en dicho sector, porcentaje que seguramente ahora aumentará), para garantizar que los dólares fluyan hacia las arcas del gobierno y las cuentas de las personas.

Sumemos a la mezcla la inversión privada, necesaria para ayudar a generar los puestos de trabajo formales que necesita una economía sana y sólida. Un Estado grande sin flujos de ingresos sostenibles experimenta turbulencias, como lo demuestra la historia de América Latina.

Luego está la educación o el fomento de la importancia de hacer contribuciones regulares y las medidas para incluir a los trabajadores independientes.

No es una lista de tareas pequeña ni simple, sino una que los legisladores debieran abordar de manera bipartidista y pragmática para ayudar a apoyar el bienestar, la resiliencia y la estabilidad a largo plazo de la región.

PERÚ

Perú hizo noticia en 2016 cuando sus legisladores aprobaron un controvertido proyecto de ley que permitía a los miembros de AFP retirar casi todos sus ahorros.

Y el trimestre pasado, a pesar de la oposición del presidente Martín Vizcarra, el Congreso forzó la aprobación de un proyecto de ley que autorizaba a los miembros de la AFP a retirar hasta 25% de sus ahorros para hacer frente al impacto del COVID-19. Alrededor de US$4.000mn han salido del sistema hasta ahora.

El país ha hecho varios intentos por modificar el sistema, sin embargo, una reciente propuesta presentada por Vizcarra fue archivada.

CHILE

En 1981, las autoridades abandonaron el sistema de pensiones públicas o de reparto y lo reemplazaron por el que se convirtió en el primer plan nacional de pensiones privadas del mundo.

En las últimas semanas se han hecho llamamientos para permitir que los ahorristas –aquellos que no reciban cobertura de los regímenes de ayuda– retiren hasta el 10% de sus fondos, medida que fue rechazada por el Ejecutivo. Un proyecto de ley al respecto descansa en el Congreso, donde también se revisa otra iniciativa más amplia que apunta a modificar el sistema.

MÉXICO

En México, la única forma en que los trabajadores puedan obtener acceso temprano a los ahorros de pensiones es si se quedan desempleados y cumplen ciertos requisitos. Los legisladores consideran ajustar las reglas, como permitir a los trabajadores desempleados el acceso inmediato a los fondos en lugar de tener que esperar 46 días como estipulan las reglas actuales, si y solo si se ha declarado una emergencia de salud o económica a nivel federal.

Bajo el esquema existente, el trabajador desempleado calificado puede hacer un retiro máximo de 26.066 pesos (US$1.162).

Actualmente se prepara una iniciativa de reforma más amplia.

EL SALVADOR

Se han hecho propuestas para permitir que los miembros de las AFP retiren hasta el 50% de sus ahorros. Los legisladores se encuentran analizando la iniciativa.

Según la ley actual, los ahorristas que cumplen con ciertos requisitos pueden retirar el 25%, que deben devolver para poder jubilarse. Los legisladores consideran flexibilizar las reglas como parte de un impulso de reforma mayor.

El país aprobó importantes reformas de pensiones en 2017.

REPÚBLICA DOMINICANA

La Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que permite a los ahorradores retirar el 30%, el cual avanzó al Senado.

Este año se renovó una nueva convocatoria para una reforma integral de las pensiones, cuando el gobierno promulgó una ley que modifica el esquema de comisiones de las AFP y facilita el acceso al sistema.

El país celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias el domingo. El actual presidente, Danilo Medina, no se postula a la reelección después de cumplir dos mandatos en el cargo.

Con contribuciones de James Young en Ciudad de México