La temeraria apuesta de Panamá frente a las inversiones extranjeras

Por Damien Nyer, socio y jefe regional de la sección de arbitraje internacional de las Américas de White & Case LLP en Nueva York.

Panamá ha destacado durante mucho tiempo por ser economía estable en América Latina y tener un sólido PIB per cápita y una entrada positiva de inversiones extranjeras. Este envidiable historial está hoy en riesgo debido a una avalancha de demandas de arbitraje por recientes medidas que afectan las inversiones de propiedad extranjera en la minería y otros sectores.

RECLAMOS DE ARBITRAJE POR MUCHO MÁS QUE 50% DE SU PIB

Uno de los proyectos de inversión extranjera más grandes de Panamá en las últimas décadas ha sido la mina Cobre Panamá. Desde que inició su producción en 2019, la operación ha representado el 75% de las exportaciones de Panamá y alrededor del 5% del PIB nacional.

La compañía canadiense First Quantum posee el 90% de la mina y habría invertido cerca de US$10.000 millones en su desarrollo. Y cuando, tras varios años de renegociaciones, First Quantum finalmente anunció un acuerdo para renovar la licencia de la mina por 20 años más, se desataron protestas en todo el país. En una sentencia de noviembre de 2023 que algunos dicen que tuvo motivaciones políticas, la Corte Suprema de Panamá calificó inconstitucional la licencia renovada. Desde entonces, una de las minas de cobre más grandes del mundo (que representa el 1% de la producción mundial de metal rojo) ha permanecido inactiva, lo que ha contribuido a la escasez mundial del commodity y al alza de su precio.

First Quantum recurrió a un arbitraje internacional contra Panamá exigiendo US$30.000 millones de dólares ante la Cámara de Comercio Internacional en París y amenazando con recurrir a otro arbitraje por US$20.000 millones en virtud del tratado de libre comercio (TLC) entre Canadá y el país centroamericano.

Otros inversores extranjeros afectados por la cancelación de la licencia han seguido su ejemplo, como la empresa canadiense enfocada en acuerdos de producción futura y regalías Franco-Nevada, que exige US$5.000 millones en compensación, también en el marco del TLC de Canadá y Panamá; la minera estatal surcoreana Komir, que solicita US$2.000 millones por su participación de 10% en la mina en un arbitraje bajo el TLC de Panamá y Corea del Sur; y el proveedor de maquinaria Liebherr, que reclama US$133 millones bajo el acuerdo bilateral de inversión entre Francia y Panamá.

En total, Panamá enfrenta US$57.000 millones en pasivos —más de la mitad del PIB del país— solo en relación con Cobre Panamá. Si bien el caso ha acaparado los titulares, la mina no es la única inversión extranjera en Panamá que ha tenido problemas y que ha dado lugar a importantes recursos de indemnización.

La minera de oro canadiense Petaquilla Minerals presentó un recurso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial en mayo, también en el marco del TLC de Canadá y Panamá, para solicitar US$2.800 millones por la cancelación de su concesión por el proyecto aurífero Molejón.

Otro productor canadiense de oro, Orla Mining Ltd, anunció la semana pasada que había iniciado un proceso de arbitraje contra Panamá tras rechazarse el permiso de explotación para la mina aurífera Cerro Quema, en la provincia de Los Santos. Orla solicita una indemnización de al menos US$400 millones en virtud del TLC de Canadá y Panamá.

Panamá enfrenta asimismo demandas de arbitraje multimillonarias ante el Ciadi interpuestas por las contratistas de construcción WeBuild y Sacyr en relación con trabajos para la ampliación del canal de Panamá. El Ciadi reporta además casos de los inversionistas extranjeros Banesco, Grupo IBT, Campos de Pesé SA y Dominion Minerals.

LA MORALEJA DE ARGENTINA

El peso de esta serie de denuncias para la economía panameña es asombroso y es improbable que sea sostenible. La calificación crediticia de Panamá ya fue rebajada a basura (‘BB+’) en marzo e incluso esta podría estar en peligro, ya que se proyecta que la economía panameña se desaceleraría a 2,5% este año, frente al 7,5% de 2023.

De hecho, Panamá es especialmente sensible a las rebajas de calificación crediticia, dado que, por su economía dolarizada, no puede imprimir dinero para evitar una crisis económica. Asimismo, depende en gran medida del mercado de bonos soberanos para financiar su presupuesto estatal. Panamá tiene entre US$1.000 millones y US$2.000 millones de deuda con vencimiento anual durante los próximos 14 años, y Barclays estimó hace poco que el nuevo gobierno necesitará recurrir al mercado de bonos para obtener hasta US$1.500 millones anuales en los próximos dos años.

Pero los impactos económicos pueden ser aún mayores si se considera el efecto paralizador que las demandas masivas y no resueltas tendrían sobre la voluntad de otros inversores extranjeros de invertir en el país y financiar su deuda y sus inversiones de capital.

La historia reciente de Argentina, que enfrentó su propia ola de reclamaciones de inversores extranjeros, es motivo de preocupación. Tras la crisis económica de 2001, Argentina adoptó una serie de medidas de emergencia dirigidas a los inversores extranjeros, incluida la eliminación de garantías de estabilidad cambiaria entre el peso y el dólar y la exigencia de renegociación de los contratos de concesión a largo plazo. También impulsó una restructuración excesivamente agresiva de su deuda soberana que muchos consideraron como una ruptura de todas las convenciones establecidas.

A ello le siguieron múltiples demandas de arbitraje en virtud de tratados de inversión, así como recursos interpuestos por bonistas extranjeros en tribunales de Estados Unidos y otros países. Entre 2001 y 2009 se presentaron 46 casos de arbitraje contra Argentina, que fue declarada responsable de miles de millones de dólares y cuyo su acceso comercial preferencial al mercado estadounidense fue suspendido al no pagar indemnizaciones a inversores estadounidenses. Esto llevó a Argentina a convertirse en un paria financiero y económico internacional y lidiar durante años por atraer el capital extranjero necesario para sustentar sus ambiciones económicas.

Al final, Argentina capituló y tuvo que pagar cifras multimillonarias para compensar a los inversores extranjeros a fin de volver a ingresar a los mercados internacionales de capital y recuperar su acceso comercial preferencial al mercado estadounidense. Pese a ello, continúa sufriendo el daño a su reputación internacional.

CONCLUSIÓN

El precedente argentino debería servir como advertencia para Panamá. El costo de defenderse de numerosas demandas de arbitraje, la exposición a pasivos multimillonarios y un crecimiento deficitario debido a un entorno de inversión inestable seguramente tendrán importantes efectos económicos y sociales.

El hecho de que las demandas que enfrenta Argentina, como proporción de su PIB, fueran apenas una fracción de los que afronta hoy Panamá debería ser una reflexión aleccionadora tanto para los políticos como para los inversionistas. Los argumentos a favor de una solución rápida y amistosa ante las actuales disputas sobre inversiones son obvios y convincentes comparados con la alternativa de años de prolongados procesos judiciales en el extranjero y que estimulan la incertidumbre económica y la angustia en el país.

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