Llaman a evitar riesgos de corrupción en industria chilena del litio

Con la creciente importancia de los ingresos generados por las exportaciones de litio, la industria chilena se enfrenta a riesgos de corrupción que deberían abordarse con una mayor transparencia en los procesos de adjudicación de contratos, licitaciones y concesiones mineras.

“Pese a los avances y a los esfuerzos de las empresas y del Estado, existen brechas que se deben llenar para contribuir con la generación de confianza de las partes interesadas y transmitir una pauta de responsabilidad y rendición de cuentas”, señala un informe de la ONG Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) sobre los ingresos fiscales del litio.

El informe se puede descargar en la sección Documentos en la esquina superior derecha de la pantalla.

El año pasado, los despachos chilenos de litio generaron US$7.823 millones, el 8% del total de las exportaciones. En 2022, la cuota fue de 8,1% y de 1,1% en 2021, según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

La transparencia sería aún más importante en los procesos de manifestaciones de interés en los que participan actores privados interesados en entrar en el negocio del litio y que supervisa el Ministerio de Minería.

Flavia Liberona, directora de la organización promotora de políticas públicas Fundación Terram, dijo en el seminario de NRGI que las bases técnicas de las licitaciones para contratos especiales de litio, los denominados ceoles, deberían publicarse para acabar con el favoritismo. También sostuvo que deberían hacerse públicos los fundamentos del valor añadido, las cuotas y áreas de extracción, los plazos, las empresas participantes y otros temas.

El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD achacó recientemente a la falta de información un retraso relacionado con la planificación de una planta de cátodos de litio de US$290 millones para la Región de Antofagasta, según informaron los medios locales. La instalación forma parte de las iniciativas de valor añadido que promueve la agencia de desarrollo Corfo.

También se considera clave sacar a la luz los contratos suscritos entre Corfo y las productoras de litio SQM y Albemarle, relativos al salar de Atacama, para evitar la corrupción vinculada a la recaudación de impuestos o influencias políticas.

Se deben transparentar los acuerdos Corfo-SQM, que se actualizaron en 2018 para incrementar la cuota de extracción y agregar beneficios fiscales, e incluir un pago de US$17,5 millones al Estado.

Las negociaciones generaron dudas, ya que entre 2013 y 2018 la agencia estatal sostenía arbitrajes con SQM por incumplimiento de su contrato inicial.   

Por otra parte, se cuestionaron las pertenencias mineras de SQM en los alrededores de las concesiones que arrienda a Corfo, ya que bloquean territorialmente concesiones que el Estado podría subastar.  

“SQM posee la mayor cantidad de propiedades con el 16,2% del total de concesiones mineras en Chile, aproximadamente 2,7 millones de hectáreas, mientras Codelco, la empresa de cobre más grande del mundo, tiene el 6% y BHP el 3%”, puntualizó Liberona, cuestionando el supuesto acaparamiento de SQM.

Pamela Goicovich, presidenta de la Cámara Internacional del Litio, comentó a BNamericas, que es “vital avanzar en trazabilidad con inteligencia artificial para que todos puedan subir información en forma simultánea y ver qué está pasando. Hoy existe un proceso interno entre el servicio de impuestos internos, contraloría, aduanas y las empresas que solo gira en un margen pequeño".  

Los inversionistas siguen de cerca el avance de las negociaciones entre SQM y Codelco para formar una asociación público-privada que permitirá seguir explotando el salar de Atacama entre 2025 y 2060, en un proceso que ha sido criticado por su hermetismo. 

En esa línea, Benjamín García, director del centro de estudios Espacio Público, confía en que el proyecto de ley del lobby, hoy en trámite en el Congreso, que establece un registro de carácter público de las agendas que llevan las autoridades, podría ser una oportunidad para impedir la captura política o la puerta giratoria en materias de litio.