Apertura de Sheinbaum a desaladoras es una “buena señal”, pero persisten dudas

La incipiente apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las tecnologías de desalinización como solución ante la creciente escasez de agua en México despierta cierto optimismo en el sector, pero persisten muchas dudas respecto a los modelos para operar los proyectos.

En noviembre, la mandataria confirmó su apoyo al gobierno de Baja California para construir la planta desalinizadora Playas de Rosarito, cerca de Tijuana. Citando cifras de la autoridad hídrica estatal CEA, Forbes señaló que la planta requeriría US$ 13.000 millones de pesos (US$ 702 millones).

Según la autoridad, la planta tiene el objetivo de abastecer de agua a la zona costera por los próximos 20 años.

El proyecto, que iba a requerir US$ 454 millones, fue cancelado en 2020 por el exgobernador Jaime Bonilla, lo que llevó a Consolidated Water, con sede en Islas Caimán, a presentar una solicitud de arbitraje en febrero de 2022 al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas en busca de una indemnización del Gobierno mexicano por el término de la asociación. Sin embargo, la acción fue desestimada en mayo de 2024 a petición de la demandante.

Posteriormente, el proyecto fue retomado por la sucesora de Bonilla, Marina del Pilar.

“En algún momento, en periodos anteriores, era un proyecto, una asociación público-privada [APP], lo que era muy costoso para el estado”, dijo Sheinbaum en su conferencia diaria el 21 de noviembre. “La gobernadora [Marina del Pilar] nos planteó que su principal proyecto estratégico es dotar de agua a Tijuana y su zona metropolitana”.

“Entonces, tomamos la decisión de apoyar la desaladora. Tiene que hacerse el impacto ambiental, la revisión. Hay un primer estudio, pero tiene que revisarse, porque cuando se desala agua en algún lugar tiene que quedar la sal; entonces, el mayor impacto de una desaladora es dónde queda esa sal”, agregó.

Más temprano ese mes, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial de Baja California, Arturo Espinoza Jaramillo, confirmó el monto de inversión. Según el periódico El Sol de Tijuana, el secretario indicó que “el objetivo es que la obra sea construida con capital estatal y federal”.

Espinoza precisó que el terreno se adquirió a través de las agencias federales Fonadin y Banobras y que se estaban recibiendo propuestas “para complementar el proyecto ejecutivo”.

Frente a la crítica de Sheinbaum a la figura de las APP empleadas para proyectos de desalinización, Hugo Rojas Silva, ex director general de la asociación de la industria del agua y saneamiento Aneas, dijo a BNamericas que “sería bueno” preguntarle entonces cuál mecanismo se utilizaría para ejecutarlo y operarlo. “Realmente, no existen otros mecanismos que sepamos”, comentó.

Creciente optimismo

No obstante las dudas, Rojas, quien también es consultor en economía del agua, considera que hay señales positivas en la nueva administración sobre el tema.

“Donde sí hubo una un problema para continuar [con los proyectos de desalinización] fue en el sexenio pasado. En este sexenio que estamos iniciando, al menos las señales que se han enviado es que no va a haber una detención per se de las APP”, indicó el consultor.

Sin embargo, destacó que “no se han iniciado nuevas y, sobre las que pueda pronunciarse la presidenta, son las que ya están en funcionamiento o en curso de que se puedan completar”, como el caso de la desaladora de Rosarito.

Para Rojas, “es una buena señal” que la mandataria mencione que los proyectos que avanzaban bajo esta figura puedan terminarse.

Tras las declaraciones de Sheinbaum a fines del año pasado, Del Pilar dijo a la prensa local: “Estoy muy contenta porque toda la costa de Baja California debemos sentirnos agradecidos por este proyecto, sobre todo porque será financiado con recursos públicos”.

La mandataria regional indicó que se está analizando el modelo operativo de la planta, la cual se mantendrá en manos estatales o federales para asegurar una gestión pública del recurso.

Cuello de botella 

Rojas explicó que, en México, los proyectos de desalinización requieren una inversión inicial importante que, por lo general, no se ha podido cubrir con los recursos de los organismos operadores del agua, que son públicos. Agregó que, por esta razón, el país ha requerido de los esquemas con los que se han estado financiando los proyectos que actualmente están operativos, que son las APP.

“Es decir, la caja de ingresos de los organismos operadores no cubriría los costos de inversión inicial más los de mantenimiento que requiere que dure todo el periodo de intervención de los organismos privados”, dijo el consultor. “Entonces, esto es un cuello de botella en México […] y por eso no se ha fomentado este tipo de proyectos de manera importante”.

En opinión de Rojas, esta es además una de las razones por las cuales México, a pesar de contar una gran extensión de litoral, no tiene tantas desaladoras. “Este costo nunca lo van a poder cobrar a la población en sus tarifas y no tienen otra forma de apoyos”, dijo.

Por este motivo, parte del debate que ha habido sobre el tema de la construcción público-privada es que los privados no solamente iban a intervenir en la parte de la desalinización, sino que iban a apoyar al fortalecimiento institucional de los organismos operadores, incluso técnicamente, para mejorar la promoción de las APP.

“Es decir, tendrían que mejorar la cobranza, tendrían que mejorar la tarifa, tendrían que mejorar todo ese tipo de esfuerzos. Entonces, las APP iban a venir a la par de este tipo de esfuerzos, de acciones”, agregó.