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Bajo la lupa: Regulaciones de criptomonedas en A. Latina

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Bajo la lupa: Regulaciones de criptomonedas en A. Latina

Existen algunas similitudes entre el mundo de las criptomonedas y el Lejano Oeste.

El Lejano Oeste era en gran medida anárquico, pero un lugar donde se podía hacer fortuna rápidamente, aunque también perderlo todo.

Y si bien no vemos a los inversionistas de bitcoins, ávidos de dólares, mirando por el cañón de una Smith & Wesson, sin duda enfrentan riesgos.

De hecho, el tema de la regulación ha pasado de la periferia al centro del escenario. No escasean los informes de hechos reprobables. Hay gente haciéndose rica y claramente hay gente perdiendo dinero, y no solo debido a las fluctuaciones desfavorables de los precios.

El mensaje general de los gobiernos y los bancos centrales es que no quieren obstaculizar la innovación, pero que el comercio de criptomonedas debe ser regulado, en particular para proteger al sistema financiero de los blanqueadores de dinero.

La regulación está por venir, especialmente porque aquellos que ganan dinero vendiendo monedas virtuales tienden a esquivar a su recaudador de impuestos local.

Existe una interrogante sobre lo que esto significará para los precios, ya que una parte importante del encanto de las criptomonedas entre los inversionistas es que la esfera de hecho no está regulada.

Hay rumores en todo el mundo. En Europa, el Banco Central de Alemania llamó a regular las criptomonedas a escala global, citando preocupaciones sobre su uso en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Unión Europea también está preocupada.

En América Latina, algunos países simplemente advirtieron a los consumidores que las monedas virtuales no son de curso legal y que invertir es arriesgado. Un país las prohibió de plano, algunos han emitido legislación por partes y uno aprobó una importante ley que cubre el área.

BNamericas, con la asistencia de Óscar Urzúa, socio de consultoría de gestión de la firma de servicios profesionales KPMG en Chile, analiza el estado general de las regulaciones y el uso en nueve países latinoamericanos.

ARGENTINA

Las criptomonedas son generalmente aceptadas por los comercios. Por ejemplo, una importante línea de taxis trabaja con la emergente local de bitcoins Xapo para ayudar a los clientes a pagar sus servicios utilizando criptomonedas.

En 2014, las autoridades regulatorias ordenaron a todas las compañías argentinas de servicios financieros comenzar a informar sobre todas las transacciones que involucran monedas virtuales. La principal preocupación era la amenaza del lavado de dinero y el uso potencial de criptomonedas en el financiamiento de actividades criminales y el terrorismo.

El país, entre otros de la región, tiene también cajeros automáticos de criptomonedas.

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BOLIVIA

Bolivia prohibió explícitamente las monedas virtuales y tomó medidas enérgicas contra quienes comercializan con ellas. Según las autoridades, los esquemas de inversión en el área de las monedas virtuales tienen los atributos de estafas piramidales y los bolivianos corren el riesgo de perder sus ahorros si es que invierten en ellas.

BRASIL

Las criptomonedas como el bitcoin se consideran activos financieros y son aceptadas por establecimientos comerciales en Brasil. Por ejemplo, la universidad técnica privada FIAP acepta pagos en bitcoin para cursos seleccionados.

Desde una perspectiva fiscal, las transacciones de criptomonedas están sujetas al impuesto a las ganancias. Una persona que posea el equivalente a 1.000 reales (US$309) o más en criptomonedas debe informarlo en su declaración anual de impuestos. Además, cualquier transacción de criptomonedas que exceda los 35.000 reales está sujeta a un impuesto a las ganancias de capital de 15%.

El banco estatal de desarrollo BNDES señaló que comenzaría a usar su propia criptomoneda para ciertas operaciones. El uso estaría restringido a pagar a los proveedores en proyectos respaldados por la entidad.

Mientras tanto, el presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn, descartó implementar regulaciones específicas para las criptomonedas a corto plazo.

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CHILE

El Banco Central de Chile no reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal y las actividades de intermediación o ventas asociadas que involucran criptomonedas no están sujetas a sus regulaciones. Sin embargo, los operadores podrían estar regulados por la normativa cambiaria del instituto emisor. Según declaraciones del Banco Central a BNamericas, una legislación específica es posible en el mediano a largo plazo.

El servicio chileno de impuestos SII trabaja en directrices para declaraciones tributarias asociadas y pidió una legislación específica que cubra las criptomonedas ya que las leyes actuales solo evitan el encasillamiento de las criptomonedas en una categoría muy específica de activos, de tal manera que no se limiten los impuestos para todos los tipos de ingresos que el activo puede generar, informó el periódico local La Tercera.

En el país, las criptomonedas se pueden usar como método de pago para proveedores y comerciantes.

El mayor proveedor de bitcoins de Chile, SurBTC, ahora conocido como Buda.com, anunció que los usuarios en Perú pueden ahora comercializar bitcoins y ethers [forma de pago asociada con la plataforma de software abierto basada en blockchain Ethereum]. El intercambio aseguró una inversión de US$300.000, lo que le permitió mejorar la experiencia del cliente y servir al mercado de remesas, además de proporcionar otros servicios. Entre sus inversionistas figuran la empresa estadounidense de capital riesgo Digital Currency Group (DCG) y la agencia estatal chilena de desarrollo, Corfo.

COLOMBIA Y PERÚ

Colombia y Perú están un paso atrás en el uso y regulación de las criptomonedas. En Colombia, el gobierno advirtió sobre los riesgos asociados y bloqueó la entrada del mercado de monedas virtuales en el sistema financiero.

ECUADOR

Este año, el Banco Central recordó a los ecuatorianos que la compraventa de criptomonedas no es ilegal. Sin embargo, indicó que el bitcoin no es un instrumento de pago autorizado en el país, sin citar otros tipos de criptomonedas.

MÉXICO

Las criptomonedas pueden ser utilizadas por los consumidores para el pago de bienes y servicios. Por ejemplo, la cadena minorista local Famsa acepta bitcoins en su sitio web para la compra de productos.

Sin embargo, el gobierno no reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal. La normativa impone restricciones a ciertas transacciones que usan monedas virtuales. Estas incluyen la compra de bienes raíces valorados en más de 500.200 pesos (US$26.791). Las regulaciones se aplican también a la compra de bienes como barcos, automóviles, joyas u obras de arte, así como a las transferencias de acciones o cuotas de capital que involucren más de 200.000 pesos.

El proyecto de ley fintech del país, aprobado este mes, define los activos virtuales, o las criptomonedas, como representaciones de un valor digital verificable que no tiene moneda de curso legal pero que genera unidades para su intercambio. Se requerirá que las firmas nuevas obtengan la aprobación previa del Banco Central antes de comenzar operaciones con criptomonedas.

Las instituciones de tecnología financiera (ITF) que manejen transacciones de criptomonedas deben también informar claramente a los clientes que las transacciones son irreversibles e incluyen amenazas potenciales relacionadas con el comercio global de criptomonedas, incluido el fraude cibernético. Además, las ITF deben ser capaces de entregar a pedido la cantidad de activos virtuales que los clientes hayan depositado en la empresa, o su equivalente en pesos.

El Banco Central evaluó las monedas digitales privadas y concluyó que, aunque son interesantes, actualmente no representan un riesgo importante para la estabilidad monetaria o financiera de México. El ente rector continúa monitoreando los avances en esta área.

PANAMÁ

En febrero, el titular del estatal Banco Nacional de Panamá, Rolando de León, advirtió que no existían regulaciones en el país que cubrieran las inversiones en criptomonedas. De León aconsejó a las personas que se mantuvieran alejadas de ellas y dijo que era necesario elaborar una normativa asociada.

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