Bajo la lupa: Transparencia de beneficiarios finales en A. Latina y EE.UU.

El velo del secreto bancario en EE.UU. se ha vuelto un poco más débil luego de la introducción de las reglas sobre los beneficiarios finales.

Según las regulaciones, que entraron en vigor el 11 de mayo, las instituciones financieras cubiertas en el país deben identificar a los verdaderos propietarios de las cuentas bancarias corporativas.

Aunque algunos señalan que las nuevas reglas, que se aplican cuando se abre una nueva cuenta, tienen lagunas, la medida ayudará a las autoridades a identificar flujos de dinero ilícitos y aumentar la transparencia financiera, y refleja lo que América Latina está haciendo.

Ajustar las reglas sobre los beneficiarios finales está en línea con una tendencia internacional general hacia una mayor transparencia, con el regulador mundial contra el lavado de dinero, GAFI, entre los que lideran la ofensiva.

"Estas son cosas que se han hecho en América Latina durante años y años", dijo a BNamericas Lyndsey Wheeler, directora gerente de las operaciones centroamericanas de la firma de servicios de cumplimiento financiero y comercial TMF.

"Están acostumbrados a hacer este due diligence del cliente, están acostumbrados a aplicar un enfoque de gestión de riesgos a sus clientes y actualizaciones regulares. Algunos países lo hacen más que otros. Algunos países han tenido que sufrir la revelación de asuntos de lavado de dinero para comenzar a tomar medidas internas", agregó.

En la región, a principios de la década de 2000 los países comenzaron a concentrarse más en las regulaciones financieras. El caso de HSBC México de diciembre de 2012 ayudó a impulsar aún más el cambio. Ese mes, HSBC acordó pagar US$1.900mn a las autoridades estadounidenses luego de que una investigación tras un informe del Senado de EE.UU. acusara al banco con sede en Reino Unido de procedimientos poco estrictos sobre lavado de dinero en varios países.

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"Somos países en desarrollo. Debemos cumplir y ser proactivos en la implementación de este tipo de iniciativas globales para poder seguir jugando al juego del comercio mundial", dijo Wheeler.

EE.UU.

En EE.UU. las instituciones financieras —incluidos bancos, intermediarios y fondos mutuos— deben recopilar información y documentación adicionales para cualquier parte que posea, directa o indirectamente, el 25% o más de un cliente que sea entidad jurídica. También se requieren detalles sobre los controladores individuales, como un CEO, de un cliente entidad jurídica.

EE.UU. es visto como una de las jurisdicciones fiscales más secretas del mundo. El Departamento del Tesoro, en la versión final de las reglas sobre beneficiarios finales, publicada en el Registro Federal de EE.UU. en 2016, señala que la ausencia de dichas reglamentaciones "permite a criminales, cleptócratas y otros que buscan ocultar ganancias obtenidas en forma ilícita acceder anónimamente al sistema financiero".

Un alto ejecutivo bancario estadounidense dijo a BNamericas que la medida adoptada por los legisladores de EE.UU. constituye un avance.

"Es un primer paso muy importante para tener más transparencia en EE.UU. en términos de formación de corporaciones", indicó David Schwartz, presidente ejecutivo de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida. "Esto impone la carga sobre las instituciones financieras para determinar los beneficiarios finales de sus clientes corporativos".

"Esto es realmente un paso más en el movimiento global", dijo Schwartz (en la foto), y agregó que no era un fenómeno reciente y que sus raíces son anteriores al escándalo de Mossack Fonseca, o los papeles de Panamá, en 2016. "Mossack Fonseca probablemente destacó cuál era el problema, pero este movimiento ha estado ocurriendo durante algún tiempo, con la búsqueda de fondos que fueron deslocalizados por funcionarios corruptos y que estaban ocultos en estas estructuras corporativas. Vimos derrumbarse las barreras en Suiza, donde hubo muchos llamados a terminar con las cuentas numeradas y cuentas secretas, [además de] Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Panamá".

"Finalmente, estamos viendo más países incorporando esto en sus programas contra el lavado de dinero".

AMÉRICA LATINA

GAFI recomienda que las entidades que reportan, como mínimo, verifiquen la identidad de cualquier persona que posea o controle el 25% o más de un cliente que sea entidad jurídica.

Sin embargo, en muchos países de América Latina las reglas son más estrictas. En algunos, los umbrales están estipulados en la legislación, mientras que en otros las propias entidades financieras han introducido las regulaciones sobre beneficiarios finales para identificar quién ejerce influencia o control significativo sobre un cliente entidad jurídica.

"La mayoría de los países lo han bajado al 10%", dijo Wheeler, citando a Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay y Uruguay. "Van más allá de las recomendaciones, debido a los riesgos relacionados con estas actividades en América Latina". El umbral es 25% en Brasil, 20% en Argentina y solo 5% en Colombia.

En Perú y Panamá, los bancos se han fijado un umbral del 10%.

Según Wheeler, una nueva tendencia que comienza a verse en la región en el ámbito del lavado de dinero es la regulación de actividades no financieras, como aquellas en las áreas de servicios profesionales, bienes raíces, administración de tesorería de terceros y casinos.

La ejecutiva añadió que los reguladores de la región, en general, están reforzando la supervisión y recurriendo cada vez más a sanciones en casos de incumplimiento.

El secretario general de la asociación bancaria regional Felaban, Giorgio Trettenero, señaló que los bancos latinoamericanos siguen la orientación internacional.

"Todos los países de la región tienen actualmente regulaciones muy estrictas sobre la identificación del beneficiario final", dijo Trettenero a BNamericas. "La tendencia en esta materia en Latinoamérica no es otra que tener las mejores prácticas y dar cumplimiento a los estándares internacionales, como los señalados por el GAFI".

REGISTROS GENERALES DE PROPIEDAD EFECTIVA

Otra herramienta importante en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal son los registros generales de propiedad efectiva, a los que las empresas se unen al momento de la incorporación.

De acuerdo con Schwartz, establecer un registro central de este tipo en EE.UU. sería el próximo paso de su país.

"El Congreso ha intentado —y creo que hay algo pendiente en este momento— aprobar una legislación que exija ese tipo de información al momento de la incorporación", sostuvo. "Pero hasta ahora no han logrado aprobar nada".

Wheeler dijo que una tendencia reciente en América Latina es el desarrollo de estos repositorios centrales.

Cuatro países tienen normas establecidas y están recabando información: Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana. Costa Rica aprobó la legislación y las autoridades trabajan en un mecanismo de intercambio de información.

"El objetivo final, en general, es proporcionar transparencia global relacionada con la propiedad efectiva final para ayudar a terminar con cosas como la evasión de impuestos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", indicó Wheeler.

Asimismo, citó la falta general de regulaciones en torno a las criptomonedas y planteó la cuestión de cómo estas se vincularían con las reglas sobre beneficiarios finales.

TRABAJO PENDIENTE

En un informe para el BID sobre la regulación de los beneficiarios finales en la región, el abogado argentino Andrés Knobel dijo que los países tienen "espacios para mejorar su normativa y especialmente su cumplimiento en la práctica".

Un informe financiado por la UE para el grupo británico de defensa Tax Justice Network y coescrito por Knobel reveló que se han logrado avances a nivel mundial en el área de la regulación de los beneficiarios finales.

"Sin embargo, ningún país logra el nivel ideal de registro de beneficiarios finales para cada tipo de vehículo legal", consigna el informe. "De hecho, en el caso de asociaciones, fideicomisos o fundaciones privadas, ningún país tiene un registro exhaustivo de beneficiarios finales donde la información esté disponible en línea y de forma gratuita".

"Idealmente, la información sobre los beneficiarios finales de todo tipo de vehículo legal debería estar disponible para el público general y accesible en línea, de forma gratuita y en formato de datos abiertos", añade el documento.