Chile presenta esperada reforma a sistema de permisos

El presidente chileno, Gabriel Boric, presentó dos proyectos de ley largamente esperados para reducir los tiempos de licenciamiento, el primero orientado a acelerar los permisos sectoriales y el segundo a agilizar las evaluaciones ambientales.

Estas propuestas legislativas apuntan a resolver los lentos procesos o lo que los críticos llaman “permisología”, que está afectando el desarrollo de cientos de proyectos de inversión.

“Un Estado fuerte es un Estado más ágil y eficiente, tanto para concretar proyectos de inversión que traigan más empleo como para proteger el medio ambiente y resolver las urgencias de las familias. Chile nos exige tranquilidad, bienestar y certezas”, sostuvo Boric durante la presentación oficial de las propuestas.

PERMISOS SECTORIALES

En el caso del proyecto de ley sobre permisos sectoriales, impulsado por el Ministerio de Economía (Minecon), uno de los principales aspectos pasa por la creación de una nueva agencia que se denominará Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, que supervisaría la coordinación de cientos de procesos de autorización sectorial que actualmente son manejados por 38 diferentes agencias y reparticiones públicas.

María José Zegers, socia y fundadora del estudio jurídico local Zegers, dijo a BNamericas que aún no se ha dado a conocer el texto completo del proyecto, pero que es factible crear nuevas agencias a través de iniciativas legislativas como esta.

“Para que funcione bien y no existan duplicidades ni ineficiencias, sería importante, primero, que estén claramente diferenciadas las funciones entre el nuevo servicio y los órganos sectoriales que otorgan los permisos y, segundo, que el nuevo servicio efectivamente contribuya a disminuir los tiempos de tramitación, y no que genere mayor burocracia”, explicó.

Otro aspecto clave del proyecto es un sistema de “umbrales” que reducirá los requisitos de los permisos para ciertos proyectos, dependiendo de su sector y magnitud.

Por ejemplo, un proyecto con “umbral bajo” podrá saltarse determinadas autorizaciones y presentar una declaración jurada en su lugar.

Si bien Zegers asegura que esto podría ayudar a acortar los tiempos de evaluación, existen dudas sobre su eficacia.

Las declaraciones juradas "no necesariamente otorgarán mayor seguridad jurídica. Desconocemos cómo funcionará dicha declaración jurada, pero probablemente requiera una aceptación por la autoridad competente, acto administrativo que podría ser impugnado por terceros mediante alguno de los recursos que en general existen en nuestra normativa o bien mediante un recurso específico que se establezca”, agregó.

Según el Ministerio de Economía, obtener ciertos permisos sectoriales puede llevar hasta un 800% más del plazo permitido legalmente.

REFORMA AL SEA

El otro proyecto de ley está centrado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que en los últimos años también ha sido criticado por sus prolongados procesos de revisión.

Entre otros aspectos, la propuesta legislativa eliminaría el Comité de Ministros, que actualmente actúa como órgano de apelación y que ha sido acusado de actuar más por convicciones políticas que por méritos técnicos.

Para reemplazar este sistema, las apelaciones contra las aprobaciones o rechazos ambientales serán manejadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), aunque esto ha generado reacciones encontradas, ya que dejará solo una instancia administrativa para estos recursos.

Otros cambios incluyen incentivos para iniciar procesos de participación ciudadana y eliminar los comités de evaluación ambiental (coevas), que se forman cada vez que un proyecto debe recibir una votación final. Estos son encabezados por expertos designados por el gobierno que supervisan un sector económico específico en las regiones donde se encuentran los proyectos propuestos.

Las votaciones finales serían manejadas por las oficinas regionales del SEA.

Hasta noviembre, el SEA tenía en estudio 437 proyectos por un valor de US$54.100 millones y algunos se mantienen en trámite por varios años desde su presentación original.

APOYO EMPRESARIAL

Mientras tanto, en el sector empresarial, la asociación Generadoras de Chile celebró el proyecto de ley, pero señaló también que no es la única acción que podría tomar el gobierno en el corto plazo.

"El contexto actual permite al gobierno la posibilidad —y oportunidad— de impulsar mejoras sustanciales de carácter administrativo que no involucran modificación legal alguna, como, por ejemplo, trabajar en que se respeten los plazos que establece la legislación vigente para las tramitaciones ambientales y sectoriales", manifestó su presidente, Camilo Charme, en un comunicado.

Agregó que las generadoras planean invertir US$23.000 millones entre 2022 y 2027 y que agilizar las evaluaciones es clave para estos planes, que incluyen muchos proyectos renovables.

En el caso de infraestructura, Carlos Cruz, exministro de Obras Públicas y actual director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), elogió también los esfuerzos para reducir los tiempos de espera.

“Son aportes que debieran dar mucha tranquilidad a quienes están mirando a Chile para invertir y desarrollar sus proyectos”, indicó en un comunicado del CPI.

Añadió que Chile tiene actualmente una agenda de concesiones de infraestructura que incluye proyectos por un valor cercano a US$6.000 millones solo para 2024, y que es una buena señal de que el gobierno está dispuesto a seguir impulsando las asociaciones público-privadas.

Los potenciales inversionistas en el hidrógeno verde estarán entre quienes seguirán de cerca el avance del proyecto de ley, dado que un sistema de permisos simplificado y eficiente, junto con una mayor capacidad de procesamiento, se considera vital para que el sector prospere. Se podrían invertir potencialmente miles de millones de dólares en proyectos de hidrógeno verde y derivados, principalmente en el norte y el sur de Chile.