Chile sopesa soluciones para trasladar pasajeros del automóvil al transporte público

Las autoridades chilenas son conscientes de que el transporte público debe ser una opción más atractiva que el uso de vehículos privados en las congestionadas calles de las ciudades, pero hay cierto desacuerdo sobre si son necesarias medidas como tarificación por congestión o impuestos al carbono para acelerar la tendencia.

“Es difícil construir una ciudad en torno a un mar de autos”, dijo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en su discurso inaugural de la cumbre Latam Mobility & Net Zero: Cono Sur 2024 que se celebra en la capital, Santiago.

Las ventas de automóviles nuevos en Chile alcanzaron un récord histórico en 2022 debido a la preocupación por el contagio de COVID-19 en el saturado transporte público, lo que empeoró el tráfico en muchas ciudades.

“Causamos un desastre”, señaló Muñoz, quien subrayó que los vehículos privados, el metro y las líneas de buses suelen llevar a los pasajeros a los mismos destinos.

A medida que se suman nuevos servicios de autobuses y trenes, y nuevas líneas de metro ―en el caso de Santiago―, la pregunta es cómo reducir simultáneamente el uso de vehículos privados para aliviar el tráfico.

Muñoz anunció que su cartera está sopesando medidas para mejorar la gestión del tráfico.

“Es importante entender que esto no se resuelve con más infraestructura, no se resuelve con más pistas, sino con una mejor gestión, de forma de favorecer los modos de transporte que hacen un uso más efectivo de la infraestructura que ya tenemos”, manifestó a BNamericas tras su intervención.

Santiago cuenta con más de 2.500 buses eléctricos circulando por sus calles y tras una licitación en curso se sumarán otros 1.200.

Las primeras unidades ya circulan en capitales regionales como Antofagasta y Rancagua, y se espera que La Serena y Valparaíso hagan lo propio en breve. El objetivo del gobierno es que los autobuses eléctricos empiecen a operar en todas las grandes ciudades para 2026.

Muñoz explicó que esto será más fácil gracias a la aprobación a principios de mes de un proyecto de ley de subsidios al transporte público que, entre otros aspectos, establece que el 50% de esos fondos se deben utilizar para mejoras de infraestructura y servicios, y el 50% restante destinarse a subsidios operativos, renovación de flota y nueva infraestructura.

“El transporte público, para que sea de calidad, requiere un aporte sustancial de recursos, lo que lo hace no un gastadero de plata, lo hace una inversión social que permite sacar personas del automóvil”, añadió.

“Más que multas, hay que pensar en formas en que los vehículos puedan circular de manera efectiva”, aseveró cuando se le preguntó sobre la posibilidad de implementar tarifas por congestión.

Marcela Munizaga, vicepresidenta del operador Metro de Santiago, se refirió de manera más explícita a esta posibilidad.

“Hay que pensar en impuesto al carbono o tarificación por congestión. Hacer que [los vehículos particulares] internalicen las externalidades negativas que generan”, expresó durante un panel sobre descarbonización del transporte celebrado en la misma cumbre.

Consultada por BNamericas sobre la viabilidad de dicha idea, Munizaga admitió que la viabilidad política de tales medidas sigue siendo incierta, pero las ciudades que han aplicado tarificación por congestión, como Londres, Singapur y Estocolmo, hasta ahora han mostrado resultados positivos.