Conflictos gubernamentales y escasez de hidrocarburos afectan financiamiento para infraestructura en Bolivia

Las finanzas del Gobierno boliviano están bajo presión, en momentos en que las desavenencias internas en el partido gobernante MAS han llevado a un punto muerto en la aprobación legislativa de préstamos multilaterales, al tiempo que el gasto también se ha visto limitado por la disminución de los ingresos procedentes de la producción de gas, lo que ha provocado una perspectiva soberana negativa por parte de la calificadora Standard and Poor's (S&P).

“Para estabilizar las calificaciones, esperaríamos ver la implementación de políticas que reduzcan significativamente los déficits fiscales de Bolivia. Esto reduciría las necesidades de financiación a corto plazo y estabilizaría la deuda del gobierno. Dicho esto, un impasse político limita la capacidad de la administración para implementar políticas correctivas oportunas y contundentes”, dijo a BNamericas la directora asociada de S&P Global Ratings, Carolina Caballero.

El partido MAS, que gobierna Bolivia desde 2006, está actualmente dividido entre los partidarios del expresidente Evo Morales y los que respaldan al actual jefe de gobierno, Luis Arce.

El conflicto ha producido un estancamiento legislativo que ha impedido la aprobación de préstamos multilaterales que se consideran clave para los programas de gasto del gobierno.

Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del país señaló esta semana que espera desde mayo que el Congreso apruebe dos préstamos por un total de US$650 millones del BID, que se espera que se utilicen para financiar proyectos hídricos en medio de una gran sequía que afecta a gran parte del país.

Los problemas legislativos no son el único riesgo político para la financiación internacional. Algunos proyectos de infraestructura que han contado con financiamiento multilateral también enfrentan la oposición de los gobiernos locales por preocupaciones ambientales o financieras.

Tal es el caso de la carretera Las Cruces-Buena Vista (US$200 millones), que está siendo financiada parcialmente por el banco de desarrollo de América Latina CAF, pero está siendo cuestionada por el gobierno del departamento de Santa Cruz.

Los lugareños que exigían la construcción de la carretera realizaron bloqueos durante gran parte de septiembre, lo que provocó pérdidas estimadas en más de US$100 millones.

Para poner fin a las protestas, el Gobierno Central acordó realizar estudios ambientales para el proyecto, que será licitado en un plazo de tres meses. CAF ha manifestado que velará porque se cumplan las salvaguardas ambientales en la zona.

“El plan de financiación para 2023 incluye alrededor de US$1.500 millones en nuevos préstamos oficiales. Dicho esto, cualquier nuevo préstamo necesita la aprobación del Congreso, que se ha visto obstaculizada debido a desacuerdos políticos. Las restricciones para acceder a nuevo financiamiento podrían socavar aún más el plan de infraestructura de Bolivia, pero también reducir en mayor medida su liquidez externa”, explicó Caballero a BNamericas.

Después de que el auge de las materias primas llegó a su fin hace una década, Bolivia se ha apoyado en gran medida en el gasto público para mantener su crecimiento económico, pero al mismo tiempo también ha visto caer los ingresos por la producción de hidrocarburos.

Entre 2014 y 2022, la producción de gas natural cayó de un promedio de 59,6 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d) a 41,3Mm3/d, según la estatal de hidrocarburos, YPFB.

Esto llevó al superávit fiscal del país de 0,6% del PIB en 2014 a convertirse en un déficit de 7,2% en 2022, informó el centro de estudios económicos y de desarrollo de la cámara de la construcción de Santa Cruz ( Cadecocruz).

Pero eso no ha impedido que la caída en la producción de gas afecte también a otros sectores, según Caballero, de S&P.

“Esta situación afecta directamente al crecimiento, pero también al presupuesto del gobierno, ya que el 18% de los ingresos son royalties. Esto ha pasado factura especialmente al gasto en infraestructura, que cayó al 6% del PIB en 2022 frente a 10% en 2019”, indicó.

El presupuesto de este año asignó US$4.000 millones para inversiones públicas, alrededor de un 20% menos que en 2022, mientras que los fondos para inversiones en infraestructura se recortaron un 35%, puntualizó Cadecocruz.

El gobierno pretende contrarrestar la caída de sus ingresos con el desarrollo de la producción de litio, para lo cual cuenta con el respaldo chino, pero Caballero subrayó que cualquier efecto positivo de los avances en la industria del litio de Bolivia solo se verá en el mediano plazo.